El jefe nacional de Socorrismo de la Cruz Roja deberá dejar su puesto de manera temporal mientras se efectúa la investigación administrativa en su contra por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol a partir de ayer y por tiempo indefinido.
Así lo confirmó Jim Batres, subdirector nacional de Socorros y Operaciones de la Cruz Roja, quien dijo que “hay un proceso abierto en contra del hombre de apellido Gutiérrez, a quien se le dio de baja por un tiempo y como es asociado activo se debe realizar todo un proceso al que ellos tienen derecho, que es la investigación que se debe realizar a lo interno de la institución para conocer los detalles de lo que aconteció ese día”.
El hecho se registró el 10 de enero a la 1 a.m. durante un operativo que llevaron a cabo la Fuerza Pública y el Tránsito en el sector de Coronado.
Como parte de esa labor preventiva se detuvieron varios vehículos para conocer la condición en que viajaban los conductores y lo mismo sucedió con un Toyota Corolla.
Al practicarle la alcoholemia al sujeto que viajaba en el carro, de apellido Gutiérrez, el resultado dio positivo con 0.47 miligramos por cada litro de sangre, cuando el máximo permitido es 0.38 miligramos.
Hay tres figuras importantes en el caso de una posible investigación que se analizarían y son su condición como miembro de la Dirección de Socorro y Operaciones, que tiene su propio reglamento, por lo cual de encontrarse una falta se le aplicará.
Como funcionario es una persona asalariada, por lo que la Cruz Roja tiene su propio reglamento y si hubiese cometido una falta sería sometido a dicho mecanismo.
O bien en su condición de asociado activo serán órganos superiores como la fiscalía y el tribunal de ética quienes, acompañados de la gerencia general, decidan si hay falta contra la institución y dependiendo de la falta se podría determinar la medida disciplinaria.
“Las funciones de jefatura que tenía las asume un subjefe nacional que es voluntario mientras se resuelve su futuro laboral”, explicó.
Las sanciones podrían ir desde una sanción hasta el despido sin responsabilidad patronal si se comprueba la irregularidad que se denunció.
