La expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ileana Balmaceda, se sacude de los cuestionamientos que se le hacen sobre la compra aparentemente irregular que se hizo durante su gestión, en un caso en que está involucrado el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier.
De acuerdo a versiones con la defensa de la demandada civil, el juicio podría terminar hoy mismo por cuanto la Caja no tiene ninguna partida económica que cobrar referente al empréstito finlandés. Este se creó por medio de una licitación internacional pública que fue aprobada en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo a las conclusiones que se emitan este viernes podría ser llamada a declarar a Balmaceda Arias ante el tribunal de juicio para que explique detalladamente cuál fue la decisión que originó al revocar un acto administrativo emitido por el Centro de Investigación del Procedimiento Administrativo (CIPA).
La doctora manifestó a DIARIO EXTRA que en vía judicial se imputó otra cosa que se hizo en vía administrativa.
“En esta última lo que se hizo fue una investigación porque decían que se hicieron compras de manera irregular y lo que se logró documentar fue que los procesos de compra se hicieron de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley de contratación administrativa. Las compras se hicieron bien y los activos estaban dentro de la institución, de manera que no hubo daño patrimonial en ese sentido y por tanto se sacó el documento”, explicó.
Balmaceda agregó que en vía administrativa la imputación era para la gente que hizo las compras institucionales.
Gonzalo Fajardo, está en la defensa del exmandatario Calderón Fournier, mientras que la Caja es defendida por William Rodríguez.
En la última publicación en torno a este caso, se consignó por error que Olman Valverde Rojas enfrenta una acusación civil por el caso Caja-Fischel, sin embargo debemos aclarar que fue absuelto de toda pena y responsabilidad de los delitos de peculado y corrupción agravada, por lo consiguiente no está citado en dicho juicio civil. Por el contrario el Estado fue condenado a pagar daños y perjuicios a Olman Valverde Rojas.
