Para el 2015, la Contraloría General de la República (CGR) tramitó 255 presupuestos públicos, de los cuales 176 fueron aprobados, 73 recibieron aceptación parcial y 6 fueron improbados, los cuales suman más de ¢22 billones, lo que representa un incremento del 3% con respecto al gasto definitivo del 2014, que alcanzó los ¢21,56 billones, situación que es de alerta para la instancia fiscalizadora.
Esta es parte de la información que se desprende del informe “Presupuestos públicos 2015. Situación y perspectivas”, elaborado por la instancia contralora.
Los presupuestos fueron aprobados para entidades del Gobierno central, empresas públicas no financieras, instituciones descentralizadas no empresariales, entidades públicas financieras, órganos desconcentrados municipalidades.
El monto aceptado es de ¢13,5 billones y las improbaciones totales o parciales fueron por el orden de ¢809.660 millones y el rechazo total o parcial se motivó, principalmente, por una sobreestimación en los ingresos, la inclusión de montos significativos en la partida de sumas sin asignación presupuestaria, por exceder los límites de gastos de la Autoridad Presupuestaria y por inconsistencias en las transferencias esperadas de otras instituciones del sector público.
PREOCUPACIONES Y URGENCIAS
Entre las preocupaciones y advertencias realizadas por la entidad fiscalizadora del Estado está que para el futuro muy cercano, en un débil contexto internacional, el Gobierno central continuará transitando la ruta de un déficit estructural y deuda insostenibles, aspectos que amenazan con la estabilidad económica y social del país.
Añade además que, la falta de medidas concretas y eficientes para la contención y control del gasto se ha traducido en un deterioro en la nota otorgada al país por las calificadoras internacionales.
“Ante este panorama, se impone, con carácter de urgencia, ejecutar acciones para el saneamiento de las finanzas públicas, incluyendo la revisión del sistema tributario imperante; de esquemas vigentes de remuneraciones y pensiones en el sector público; del modelo de estructura institucional del Estado y de los mecanismos existentes para la rendición de cuentas, sobre todo en materia de eficiencia del gasto público”, detalla el informe contralor.
LOS 10 MÁS ALTOS
De los ¢22 billones en presupuesto aprobados para la entidades del sector público, más de ¢14 billones están concentrados en 10 instituciones o programas, lo que representa el 67%, y el restante 33% es administrado por 291 entidades.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la institución con más presupuesto aprobado, pues la CGR le autorizó ¢2,9 billones, seguido del servicio de la deuda pública con ¢2,6 billones y el Ministerio de Educación Pública con ¢2,2 billones.
Por otro lado se determinó que la partida de remuneraciones, que involucra el pago de salarios e incentivos, será de ¢5,5 billones, lo que llegará a representar el 19% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como porcentaje del gasto total, se tiene que las remuneraciones representan el 45,2% de los egresos presupuestados por los Gobiernos locales, el 40% para las instituciones descentralizadas no empresariales, el 29% para el Gobierno central, el 17% para las instituciones públicas financieras, el 14% para las entidades públicas no financieras, mientras que para los órganos desconcentrados el porcentaje es de un 8,7%.
“Propiamente en lo que atañe al gasto en incentivos salariales, se tiene que 10 instituciones del sector descentralizado concentran el 76% de los egresos presupuestados en esta subpartida, de las cuales la CCSS concentra un 39%. Dicha situación obedece principalmente a la diversidad de pluses salariales que estipula la normativa vigente así como las convenciones colectivas de trabajadores. Parte de esta temática fue expuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el informe Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público 2012”, menciona la Contraloría.
La entidad fiscalizadora señala que en el 2014 el Ministerio de Hacienda junto con el MTSS iniciaron una serie de revisiones a diferentes convenciones colectivas de trabajo que mantienen los funcionarios y patronos de distintas instituciones públicas y que se encuentran por vencer, tal es el caso del AyA, Recope, Inder, entre otros, a fin de bajar el pago por concepto de incentivos.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Viernes 27 Febrero, 2015
HORA: 12:00 AM
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