Fernando Baeza Meléndez, embajador de México en Costa Rica, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto no tuvo ninguna participación en el homicidio de los 43 estudiantes ocurrida en el Estado de Guerrero y tampoco autoridades del gobierno federal como se ha insinuado en este caso.
Explicó que el gobierno federal está enfocado en deterninar los responsables y trabaja de la mano con las familias de las víctimas, las cuales tienen a su disposición el expediente del Ministerio Público.
El diplomático mejicano ofreció una entrevista a DIARIO EXTRA para poner en contexto la situación que se vive en su país.
¿En dónde se dan estos hechos?
-En Guerrero, en uno de los 81 municipios de este Estado, que está enclavado en la Sierra Madre del Sur con una topografía muy complicada, lo cual ha favorecido entre otras cosas el cultivo de la heroína y la marihuana. Es un estado, quizás con el mayor retraso, social y económico, derivado de la complejidad de su población, de su topografía tan agreste y en la que, tradicionalmente, se ha incubado la violencia. Quiero advertirle que esos hechos se ubican en dos municipios, fundamentalmente el de Iguala. Los hechos ocurren en Iguala con la participación de la delincuencia organizada y de autoridades corruptas que están a disposición de un juez federal y están en cárceles mexicanas. El Gobierno de la República ha realizado un esfuerzo importante, tiene desplazados alrededor de 10 mil elementos, en la búsqueda e investigación de los hechos. Eso es un esfuerzo inédito en la historia de la investigación criminal en México, de ese tamaño es el interés. El país se divide en 31 estados y el Distrito Federal. Cada estado es libre y soberano por lo que toca a su régimen interno, tiene sus propias autoridades administrativas, el Gobernador es la autoridad administrativa, él encarna el ejecutivo, tiene su poder judicial y su poder legislativo, sus propias finanzas y estamos unidos en un pacto federal con el resto de las entidades federativas.
A su vez los estados se dividen en municipios, el estado nuestro tiene 250 mil kilómetros cuadrados, 5 veces más que el territorio de Costa Rica, tiene 67 municipios. Cada municipio es libre también. La administración municipal la preside el Presidente Municipal que tiene un cabildo, que son regidores. Esos municipios son libres, administran sus propias finanzas, tiene su propia policía. Tenemos tres niveles de gobierno. En los estados existen tribunales, un código penal y otras legislaturas, donde diferenciamos los delitos que son del fuero común, así les llamamos, que es la competencia que corresponde a los tribunales locales de los estados y la competencia federal.
¿Qué autoridad debe intervenir primero en este caso?
-Aquí cuando vienen los hechos intervienen la policía municipal al mando del presidente municipal y de un secretario de seguridad pública o comandante de policía. Esos hechos, las primeras diligencias de la investigación le corresponde a los estados, por razón de su competencia porque el gobierno federal tiene la información de que sucedieron los hechos de una confrontación de la policía municipal con los estudiantes de la normal rural, que es una escuela para profesores. Una escuela para capacitar maestros rurales, para que esos maestros rurales vayan a dar servicio a esas zonas. Le digo que es un estado de 36 mil kilómetros cuadrados y tres millones y medio de habitantes, tiene una topografía muy abrupta, con comunidades muy aisladas, por razón de su marginación, por razón de su topografía, le estoy hablando de la Sierra Madre del Sur.
Entonces, se da esa confrontación y quien conoce en primera instancia es la autoridad estatal, la local, el procurador de justicia realiza las primeras investigaciones, hace las primeras detenciones. Los presidentes municipales del Estado de Guerrero gozan de inmunidad, de cierta inmunidad, es decir, no pueden ser tocados hasta en tanto no se les retire el fuero. Entonces realizan las primeras diligencias, el alcalde pidió permiso para ausentarse de su puesto, y luego huye, entonces el congreso local le retira el fuero, pero para esto las propias autoridades locales, los propios padres de los maestros y los directivos de la escuela piden la intervención del gobierno federal, que representa el estado mexicano, y el titular del ejecutivo es el presidente Peña Nieto. Esta explicación la hago para que tengan una idea de como están las instancias en México, cómo se divide la jurisdicción, cómo se establecen esos niveles de competencia. Entonces, lo que no resulta lógico y aceptable es decir que el gobierno federal tiene una participación directa y el presidente de la República con los hechos. El presidente va a cumplir dos años al frente del gobierno, entonces ha propiciado una serie de modificaciones en la legislación para fortalecer la acción del estado mexicano para combatir ese tipo de fenómenos.
¿Qué ha hecho el presidente Peña Nieto?
-Ha establecido mejor coordinación entre los tres niveles de autoridad, entre federación, estados y municipios, que son niveles de competencia y, en su caso, tratándose de los estados y la federación que son niveles de jurisdicción. La federación no puede absorber, de momento, algo que le compete a los estados o que en primera instancia aparece como homicidio, que es competencia de la autoridad local. El presidente entra, qué es lo que hace, revisa todo el marco legal, entonces propicia una mayor integración de los tres poderes, reconoce que el delito no se combate con medidas punitivas, refuerza en la Procuraduría General de la República el área de derechos humanos, crea en la Secretaría de Gobernación, una subsecretaria encargada de la prevención del delito, todo eso conlleva que se busque una mayor participación de la sociedad en el combate al delito y a la delincuencia organizada. Siendo el delito un fenómeno de carácter social no se puede combatir solamente con medidas de carácter penal, sino ahondando en cuáles son las causas que lo provoca, entre otras, la pobreza extrema. En ese contexto tenemos un problema, ser vecinos del mercado más grande del mundo de las drogas con 3.200 kilómetros de frontera, a veces no vigilado, pero además el mercado de armas más grande del mundo, en donde la compra y venta se hace con muchísima libertad. ¿Porque está consagrado en la Constitución de Estados Unidos, que todos los norteamericanos tienen derecho para su propia defensa de tener armas. Y tiene la Asociación Nacional de Rifle que es poderosísima en el “lobby” y que no hemos podido conseguir que se restrinja el mercado de armas. Con esas armas, con el mercado ahí y las condiciones de algunas zonas del país, tenemos un caldo de cultivo al que nadie es ajeno, ustedes lo están viviendo aquí. Frente a ese fenómeno un presidente que hace dos años entró, que está propiciando una reforma estructural de gran calado, buscando, entre otras cosas, distribuir mejor el esfuerzo del gobierno para romper las desigualdades de hay en México.
¿Qué otras acciones está tomando el gobierno mexicano?
-Se está reforzando la acción de la Procuraduría General de la República que ahora se va a llamar Fiscalía General, se le va a dotar de más recursos, se crea una nueva policía, precisamente para estar en las zonas rurales, que es la gendarmería nacional con una fuerza de 45 mil elementos, y que actualmente tiene 10 mil elementos y parte de esos están en Michoacán y el estado de Guerrero, pero en el país no solo es eso. Tenemos estados como Yucatán donde la tasa de homicidios es de 3 por cada100 mil habitantes, eso solamente lo tienen algunos países europeos. Zonas que fueron muy conflictivas como Juárez por ejemplo, ya no es lo que fue en los años recientes. Es una ciudad de más de un millón de habitantes que ya tiene absoluta normalidad. Igual la zona metropolitana de Monterrey. En el último año han disminuido los homicidios en un 15%, los secuestros en un 9% y las extorsiones en un 6%, eso quiere decir que estamos avanzando. A lo que pasó en Guerrero se quiere dar a entender que fue un crimen de estado y el estado mexicano lo que está haciendo un esfuerzo sin precedentes para localizarlos, en contacto con los padres de familia y dispuesto en la mayor apertura. Los padres de familia, sus abogados ayudan en la investigación, tiene acceso al expediente y las diligencias que realiza el Ministerio Público.
¿Quién quiere darle ese tinte político?
-Hay muchas razones, tenemos una disidencia magisterial en tres estados, muy fuerte, Michoacán, Guerrero, Oaxaca.
¿Por qué ocurre eso?
-Estos maestros no están de acuerdo con la reforma educativa, con la nueva reforma que está rescatando la soberanía educativa del gobierno federal porque la tenían los grupos de maestros, los sindicatos. Ellos quieren que se sigan heredando las plazas, para ellos decidir a quién se promueve, cuáles plazas se asignan. Y un número enorme de comisionados que se paga con el erario federal y con las prebendas que obtienen de esos tres estados, en donde no hay gasto educativo de gasto local. Esos grupos son muy violentos. No digo que tengan que ver con los hechos, nadie está incriminando a nadie.
Entonces, ¿hay una imagen distorsionada del fenómeno? Hace poco vimos protestas fuertes con la policía.
-Que no tiene que ver con las manifestaciones pacíficas, es un grupo de anarquistas que tratan de inducir el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones que son legítimas, que son expresión de un dolor profundo de la sociedad mexicana y que obviamente debemos garantizar esas expresiones de dolor a las cuales nos sumamos, pero no estamos de acuerdo con la violencia.
Esto ha provocado manifestaciones frente a la embajada mexicana en nuestro país.
-Y en el mundo, no solo en Costa Rica, porque es un hecho que afecta la condición de humanidad de nosotros. Es un hecho que ha estremecido a México y al mundo. No podemos ocultar que la comunidad internacional se vuelva solidaria con el dolor de las familias y la sociedad mexicana en su conjunto, pero también lo que pretendemos es que la gente entienda el contexto y la exacta dimensión que tiene el tema y dirigir nuestras miradas los hechos criminales y los autores de los hechos criminales. Lo que Colombia logró con todo este calvario y que ha disminuido, ha sido el profundo rechazo de la sociedad colombiana hacia esas gentes.
¿Cómo ha visto los hechos que ocurren en Desamparados?
-Es parte del mismo problema. Necesitamos cambiar la concepción del delito, es un fenómeno social para tener un conocimiento exhaustivo de las causas de incidencia y reincidencia delictiva hay que revisar el contexto de carácter social. Las sociedades van cambiando porque el consumo cada día se va incrementando. ¿Y qué trae el consumo? La lucha por el mercado, a ustedes les está pasando. Tenemos que fortalecer la cooperación internacional.
¿Afectó el turismo está situación? Vemos en páginas en Internet precios muy bajos.
-Ahora no tenemos indicadores. El turismo y la actividad económica está creciendo. No tenemos hasta el momento impactos negativos. Se crearon hace poco líneas aéreas de bajo costo y luchan en un mercado abierto, esto es el resultado de una libre competencia.
