Está legal

Todo Estado moderno dentro de sus fuerzas policiales y de defensa tiene una que se encarga de coordinar la Seguridad Nacional de ese país. Hasta ahí todo está bien y es normal que ocurra así.

Cada Nación define internamente el “Poder” del Estado al cual estará adscrita esta agencia de defensa y de protección a la ciudadanía y a las propias instituciones del gobierno, tanto de los sediciosos como del narcotráfico, crimen organizado y del terrorismo nacional y extranjero.

En Costa Rica la Seguridad Nacional en parte se le ha encargado a la DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD (D.I.S.) y ésta ha funcionado al amparo de la Presidencia de la República (Poder Ejecutivo). Esto ha causado que algunos diputados (Poder Legislativo) se encuentra preocupados de que esta agencia de seguridad funcione como una “Policía Política” por lo que están tratando de reformarla, unos, y otros, quieren cerrarla del todo.

Mi criterio es que estas agencias policiales SI DEBEN FUNCIONAR en los Estados Democráticos por el bien de la Seguridad Nacional de los Países donde operan; siempre y cuando trabajen apegadas al ordenamiento jurídico sin salirse del camino que marca la Ley en un Estado de Derecho. Muchos Gobiernos democráticos han “caído” (En Estados Unidos en España y en otros países) y muchas personas han sido juzgadas por abusos del poder cuando ejercen en estas dependencias de Seguridad Nacional, situación que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia.

Por lo que apoyo las reformas que se formulen que vayan en ese sentido; donde se valoren que controles ponerle: los pesos y contrapesos que deben tener estas dependencias públicas por lo delicado y sensitivo de la materia e información que manejan.

Por lo que la discusión está abierta y unos piensan que debe ser el poder judicial –por su imparcialidad política partidista- quien ejerza esa función; otros que sea el “Ejecutivo” pero dentro del Ministerio de Seguridad Publica; otros la quieren como está (bajo el mando presidencial) y otros la quieren cerrar.

El futuro es incierto para la D.I.S. pero como País debemos tomar una decisión sobre éste tema tan importante que nos podría afectar negativamente si no tenemos las reglas claras para ésta o la agencia que se designe en su lugar, y sin importar que Poder del Estado la dirige; porque los criminales y terroristas no descansan y quedamos expuestos si no se actúa preventivamente.

Pero lo que no se debe admitir de ninguna forma es que funcione una mini agencia de seguridad: “Policía Política” dentro de una institución de servicios públicos del Estado (el ICE) ; según lo denuncio un diputado, que curiosamente fue sindicalista en esa institución.

En las denuncias publicadas el día 3 de Octubre tanto en el Diario Extra como en la Presa Libre el diputado acusa haber sido víctima de escuchas telefónicas –sin orden judicial- y seguimientos mediante triangulación de la señal del celular. Además se denunció que el personal de ese departamento en el ICE aumento en un 543%. Situación que preocupa desde todo punto de vista si se comprobaran estas acusaciones. Esperemos que se haga una investigación a fondo de esta denuncia ya que cualquier accionar remotamente parecido con los actos atrás indicados constituyen delitos serios y atentados a los valores democráticos de nuestra Patria.

Abogado Litigante * [email protected]

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Martes 21 Octubre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Lic. Alberto Pinto Monturiol