El jueves la Comisión de Hacendarios terminó de votar las mociones que pretendían recortar el presupuesto del 2015, seguidamente fue dictaminado por una mayoría de diputados, 8 a favor y 3 en contra.
El resultado de este trabajo fue una reducción por ¢297.749 millones, con lo que el plan de gastos pasó de ¢7,9 billones a ¢7,6 billones, o sea 3,7% menos.
Pero, ¿a cuáles instituciones se les pasó la tijera?, uno de los recortes más significativos fue el del Poder Judicial, a los que se le restó ¢4.938 millones, esto a pesar de las quejas de los magistrados, quienes no estaban muy felices con los rebajos.
Al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se le quitó ¢1.820 millones, dejando de lado las advertencias del jerarca Luis Antonio Sobrado, quien hace unos días, en conferencia de prensa, advirtió que dicha reducción pondría en peligro el trabajo de la entidad y hasta se corre el riesgo de cerrar sucursales.
Al Ministerio de Obras Públicas se le aplicó el hacha por ¢10 mil millones, ¢13 mil millones menos al Ministerio de Educación Pública, ¢16 mil millones a Hacienda y ¢710 millones a la Asamblea.
A la Contraloría se le quitó ¢650 millones, ¢110 millones a la Defensoría de los Habitantes y ¢88 mil millones al Poder Ejecutivo.
DESGLOSE
Este rebajo se puede detallar así: ¢97 mil millones en gasto corriente y pagos de interés, además de ¢100 mil millones por gestión de caja única y otros ¢100 mil millones por amortización de deuda.
El diputado Ottón Solís, presidente de Hacendarios, resaltó que la rebaja en gasto corriente equivale al 0,33 % del déficit fiscal, situación que desvela al legislador oficialista.
PROGRAMAS SOCIALES
Las rebajas aplicadas contaron con el apoyo de casi todos los integrantes de la Comisión, a excepción del Frente Amplio, esta fracción insiste en que los afectados por estas reducciones serán las clases más necesitadas, por esa razón están convocando a una serie de manifestaciones durante la próxima semana.
Los frenteamplistas afirmaron, mediante un comunicado de prensa, que “los recortes afectarán áreas sensibles como los Cen-Cinai o el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), que atienden población infantil y juvenil, así como a la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y otras instituciones, que verán disminuida su capacidad de acción y ejecución”.
Sin embargo, Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana, comentó que con esto se da una señal de austeridad y llamó a buscar la eficiencia en los gastos de los fondos públicos. El proyecto de presupuesto ahora pasa a plenario, debe ser aprobado el 30 de noviembre, según establece la Constitución.
