La Sala Constitucional acogió para analizar un recurso presentado por la Federación Costarricense de Pesca (Fecop). Con este procedimiento se intenta detener la emisión de licencias para extracción de atún por barcos internacionales, afectando a los nacionales.
De acuerdo con ese documento, la Sala IV estudiaría derogar el artículo 55 de la Ley del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por considerarlo contrario a los artículos 21, 50, 69 y 89 de la Constitución Política.
“Con la admisión para estudio por parte de la Sala Constitucional se confiere audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura para pronunciarse al respecto, pues las licencias son un subsidio para que las embarcaciones atuneras continúen explotando el recurso”, dijo José Antonio Chaves, abogado de Fecop.
Las empresas atuneras dejan un 0,6% del valor de la pesca, que equivale a $125 millones en atún desembarcado.
