“Si la presidenta Laura Chinchilla veta la “Ley antimordaza”, sería un suicidio político, y terminaría su mandato como la peor mandataria de la historia de este país”, comentó ayer Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Así racionó el sindicalista pocos minutos después de que 42 diputados aprobaron en segundo debate el proyecto para modificar la Ley de Delitos informáticos conocida popularmente con la “Ley mordaza”. Mientras tanto los diputadas Jorge Rojas y Víctor Víquez votaron en contra defendiendo a capa y espada la mordaza a la prensa. Esa ley se aprobó 10 meses atrás en forma muy extraña sin que se le hubiera dado la publicidad necesaria.
Para Vargas, la evidente presión y el enojo popular hizo que el gobierno se viera obligado a darle el segundo debate a esa ley para que solo reste que la mandataria la sancione y envíe a publicar en el diario oficial La Gaceta para que la ley entre en vigencia.
“Lo más importante fue la oposición militante y patriótica del Grupo Extra que no descansó hasta ver modificada esa dañina ley con la cual pretendían taparle la boca a los ciudadanos y a los trabajadores de la comunicación”, dijo Vargas.
Agregó que esa titánica tarea de defender la libertada de expresión creó las condiciones para que la clase política no tuviera más remedio que darle el segundo debate a ese proyecto.
“El costo para los políticos que impulsaron esa ley será muy alta por cuanto el pueblo costarricense no olvidará rápidamente como quisieron ponerle una mordaza”, comentó el sindicalista.
Sobre la posibilidad de que la presidenta la vete, como sucedió con la reforma laboral, Albino lo ve muy lejano: “No tiene muchas alternativas porque si lo hace sería un suicidio político”.
