Los recientes casos de personas desaparecidas y las muertes de mujeres relacionadas con algunas desapariciones provocan que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levante la voz en temas de reformas de ley.
La policía judicial indicó que es necesario contar con un registro de ofensores sexuales para actuar con mayor agilidad en los casos donde sospechosos tienen antecedentes judiciales.
“Lo que requerimos es una ley que nos permita ir y tomarles muestras de ADN a las personas que tengan algún tipo de patología o inclinación a un tipo de delito particular”, comentó Randall Zúñiga, director del OIJ.
Indicó que casos como la desaparición de Emilce Soto demuestran que hay un patrón de depredador sexual y es importante que se aborde por la seguridad de todas las mujeres en Costa Rica.
“La idea también es que dentro de la oferta que hace el OIJ alrededor de esta situación, que puede tener índole de contenido sexual, hemos conversado la posibilidad que este registro de ofensores le permita al OIJ hacer un monitoreo de predadores sexuales que haya en la zona, ya que la persona cuando sale de prisión el OIJ no puede hacer ningún seguimiento porque sería contrario a la ley”, explicó.
El OIJ sostiene que la obtención de muestras no invasivas, como un hisopo que se coloque en el paladar, les permitiría hacer la comparación en un banco de ADN, lo que ayudaría a resolver estos casos con mayor eficacia y efectividad.
Además, para agilizar estos casos y ser más efectivos en la búsqueda el OIJ sugiere un marco regulatorio de personas desaparecidas porque hasta la fecha estas desapariciones no son catalogadas como delitos, lo que dificulta la labor de las autoridades judiciales.
“Hay un problema importante, que es cuando estamos en el caso de una desaparición. Esto no es un delito, pero el OIJ investiga delitos. Cuando yo le pido algo a un juez es porque existe un delito, yo no puedo pedir a un juez una intervención telefónica porque no hay delito, los desaparecidos no son delitos”, agregó.
Además, en el caso de personas desaparecidas donde existan indicios de un comportamiento delictivo, muchas veces inician la búsqueda cuando las personas ya han fallecido.
“La mayoría de reportes que tenemos no son delitos, son personas que se alejan por un problema de índole familiar, laboral o vecinal, y deciden hacer vida aparte. Esos son la mayoría, hablamos que de un 99,8%, habrá un 0,20% que la ausencia de la persona es porque la mataron”, indicó.
El director del OIJ asegura que si para las desapariciones se pudieran hacer las mismas diligencias policiales que se hacen en casos de delitos, se agilizarían las investigaciones.
“Hasta pedir un dato a la Caja o una institución pública es complejo porque al no haber delitos no van a dar informaciones”, explicó.
DIARIO EXTRA consultó a Zúñiga si hay avances en formular la legislación y confirmó que ha tenido el acercamiento de tres diputados de diferentes fracciones legislativas para iniciar la construcción de la reforma.
Las peticiones de reformas de ley por parte del del OIJ llegan tras la muerte de Kimberly Araya a manos de su esposo y el anuncio del deceso de Emilce Soto, desparecida el 9 de marzo y cuyo principal sospechoso tenía dos causas judiciales por violación y asesinato.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Allan Madriz / Fotos: Randall Sandoval/Wilbert Hernández
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Viernes 10 Mayo, 2024
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