Los centros de atención donde se albergan personas por no pagar pensiones alimentarias aumentan su peligrosidad, de acuerdo con José Mairena de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la Policía Penitenciaria.
DIARIO EXTRA dio a conocer que la figura de apremio corporal está siendo mal utilizada con la intención de librar a personas de causas penales, por búsqueda del sicariato y hasta como albergue para combatir adicciones.
La llegada de quienes no tienen relación con casos reales de apremio corporal elevaría el riesgo de peligrosidad en los centros, tanto de hombres como de mujeres. “Algunas veces existen las riñas, personas que incurren en desobediencia, a veces se les cambia a otro sector dentro del mismo módulo de pensiones, pero la peligrosidad aumenta considerablemente”, explicó Mairena.
Hasta el momento no tienen registro de que alguien llegue encomendado a hacerle daño o agredir a otros albergados, pero sí tienen consciencia del aumento de personas con causas pendientes o abiertas de manera penal. “Algunos de ellas manifiestan, en términos populares, que ya en la calle la tienen comprada”.
“Esa diferenciación es lo que está haciendo que lleguen personas de peligrosidad o perseguidos por bandas o asuntos en la calle que se revuelven con las personas de pensiones alimenticias”, dijo el sindicalista.
La misma Policía Penitenciaria reconoce que a pesar de que tienen identificados a los que están con causas pendientes, no pueden moverlos a otro sector hasta que descuenten el apremio corporal, que se puede extender incluso seis meses. Hasta que se vence el plazo de la medida se puede alertar a las autoridades para ver si la persona se lleva a un juzgado o se tiene que dejar en libertad.
SOBREPOBLACIÓN
Los agentes penitenciarios que dan seguridad al centro de apremiados corporales confiesan que existe una presión extra, pues son un personal limitado y tienen que atender alrededor de 300 o más individuos, en el caso de los hombres del Centro de Atención Institucional (CAI) en San Rafael de Alajuela.
“La población ha venido en crecimiento con el pasar de los años y la situación económica afecta mucho, a veces no existe la posibilidad de separar el de menos con el de mayor peligrosidad porque (…) en la orden de apremio no dice que la persona es violenta, es apremio corporal y punto”, detalló Mairena.
Lo que hacen en esos casos es tratar de identificar a los más violentos y tenerlos vigilados para un mejor control. Sin embargo, esta sobrepoblación también provoca un gasto para atender a una persona mensualmente, la cual no debería estar ahí y le quita espacio a otra que sí cumple la figura de apremiado corporal.
SOLUCIONES
El líder sindical penitenciario explicó que han dado a conocer estas inquietudes, pero que la respuesta es que debe darse un abordaje integral desde la cúpula del Poder Judicial para iniciar los cambios.
“Lo que nos dicen es que es una situación de un abordaje que tiene que dar no solamente el Ministerio de Justicia y la Policía Penitenciaria, que tiene que involucrarse también todo el Poder Judicial para una eventual reforma de ley”, comentó Mairena.
La reforma debe ir en la línea de que las personas identificadas con causas abiertas descuenten el apremio corporal en una unidad diferente, para separar el tema de causas legales pendientes y la figura de las pensiones alimentarias.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Allan Madriz / Fotos: Cortesía
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Martes 07 Mayo, 2024
HORA: 12:00 AM
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