¿Qué pasa con Empleo Público?

Editorial

A poco más de un año de la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público, nos preguntamos cuáles han sido los resultados desde la perspectiva de ahorro presupuestario y ordenamiento de las instituciones.

Se planteó como necesitaría ante el incremento “desmedido” en las remuneraciones del sector público, no obstante, todavía hay entidades que no habrían terminado de implementarlo con éxito.

En el informe de liquidación presupuestaria emitido por la Contraloría General de la República aparece una serie de falencias que evidencian descontrol.

Todo apunta a que la “rebeldía” de algunas instituciones que en algún momento mencionó el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) aún persiste.

Entre otras cosas, el órgano contralor indica que hay situaciones de ascensos y cambios de puestos asociados a la dificultad del Ministerio de Hacienda para actualizar los Sistemas Integra I y II.

Por si eso fuera poco, se habla de casos en que el gasto no se ha reducido debido a la falta de definición de escalas salariales con base en los nuevos lineamientos establecidos.

Lo más probable que es que se apele a situaciones de desconcentración para no dar datos integrados acerca de si la reforma en cuestión va por buen camino.

Una de las entidades que arrastraría más problemas para la puesta en marcha es el Ministerio de Educación Pública, donde los movimientos de personal resultan constantes.

Y es que en nada ayuda que los sistemas informáticos a través de los que se hace el pago carezcan de la actualización requerida, permitiendo que pasen goles como cuando se encontró a gente que recibía salario pese a ya estar fallecida.

Hablamos de temas de reconocimiento de salarios superiores y otras prácticas que se supone debían quedar suprimidas con la entrada en vigencia de esta Ley.

Lo anterior evidencia que las instituciones no están preparadas, ni tuvieron una capacitación o formación para ajustarse a lo que establece la normativa.

Se sabía de antemano que la aplicación traería complicaciones, pero a estas alturas se pensaría que ya deberían haberse superado y estos hallazgos hacen ver que no es así.

Habría que valorar si luego de un diagnóstico existe la posibilidad de iniciar procesos o establecer sanciones contra aquellos lugares en que todavía no logran que se aplique efectivamente la legislación.

La complicación que vemos es que al final no sea culpa de estas entidades, sino que los sistemas no se han calibrado, pero aún así tendría que existir un orden en el manejo de personal, por más amplia que sea planilla.

Casos como el Poder Judicial o el Ministerio de Seguridad Pública han tenido un mejor desempeño, de modo que el resto, aún y con sus diferencias, deberían poder hacer lo mismo.

Es responsabilidad de cada jerarca el velar por que esta Ley se ejecute como corresponde y hacer los cambios que se requieran para que veamos sus efectos a nivel presupuestario.

De no ser así, eso supondría tener una norma más en el papel, con un buen espíritu, pero que en la realidad no cobró los efectos esperados.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 04 Mayo, 2024

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