El Poder Judicial consultará a los usuarios de los servicios que brinda el género y las preferencias sexuales.
Lo anterior, con el fin de “garantizar un trato igualitario y no discriminatorio para las personas pertenecientes a la población LGBTTIQ+”.
En un principio lo hará por medio de un plan piloto que incluye un proceso de formación al personal de oficina clave para la recepción de denuncias y atención al público.
Se empezará a implementar en la Contraloría de Servicios, Oficina de Recepción de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial y el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago.
El magistrado Jorge Olaso Álvarez, coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia de la entidad, indicó a DIARIO EXTRA que cuando hacen “los análisis del estado de la justicia, a veces nos faltan indicadores para atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, identificar cuántas personas migrantes atendemos a nivel nacional, igual tendríamos el tema de adultos mayores, personas privadas de libertad y la población LGBTTIQ+. Esto es trascendental para poder brindar un buen procedimiento a estas personas”.
El Poder Judicial espera que en mayo tenga listo y puesto en práctica el instrumento necesario para obtener los datos. La consulta se hará mediante una pregunta donde la persona usuaria definirá si pertenece a algún grupo de vulnerabilidad.
REACCIONES
El comisionado de Inclusión Social del Poder Ejecutivo, Ricardo Sossa, afirmó que él es respetuoso de la independencia de Poderes y que la medida tomada por esta institución es importante para empezar a generar datos que permitan atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
“Uno de los problemas que enfrentamos en el país es precisamente la carencia de datos segregados para poder tomar decisiones de políticas públicas y es algo que he venido impulsando. Por ejemplo, es importante que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tenga este tipo de datos”, externó.
Asimismo, aseguró que el instrumento es útil siempre que se aplique de manera voluntaria y se pueda tener la opción de no responder.
CUIDADO EN TEMAS LABORALES
Un posible conflicto se podría presentar cuando el usuario sea funcionario del Poder Judicial, ya que existen normas laborales que impiden generar discriminación por identidad de género y orientación sexual.
El abogado laboralista Eric Briones manifestó que “desde la década del 50 tenemos ratificado el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dicho convenio es contra cualquier forma de discriminación. Además, con la reforma procesal laboral de 2017 en el artículo 404 del Código de Trabajo precisamente no se permite preguntar sobre temas de sexualidad para una contratación”.
Briones subrayó que lo relevante es observar si el tema puede estar vinculado a un proceso de discriminación. En el caso de que las preguntas sean voluntarias y tengan las medidas de protección de los datos, no ve que pueda representar un problema.
PROTECCIÓN DE DATOS
Otra duda que surge sobre el tema es la manera en la cual el Poder Judicial resguardará la información. Según Olaso, “nosotros tenemos una política de trabajo con datos sensibles que indica que cualquier persona que haga públicos esos datos puede ser sancionada”.
Además, un inconveniente sería cuando la sentencia se hace pública y la colectividad podría enterarse de la condición de la persona. El magistrado asegura que en ese momento el Poder Judicial elimina en el veredicto el nombre y las características que puedan llevar a la identificación.
PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez
CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar
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Lunes 22 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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