Dos proyectos que buscan lo mismo se encuentran en la corriente legislativa. El objetivo es evitar que el Estado ponga un tope máximo al cobro que hacen los dueños de los datáfonos a los comercios cuando reciben pagos de tarjetas, si estas han sido generadas por empresas fuera del país.
Ambas iniciativas buscan reformar e interpretar la ley 9.831 que fija los topes máximos que pueden cobrar los proveedores de servicio sobre el procesamiento de transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago, para promover su eficiencia y seguridad, además de garantizar el menor costo posible para los afiliados.
Según la normativa, el Banco Central tiene el deber de fijar el máximo que se puede cobrar por dicho servicio y de establecer la regulación pertinente.
En la actualidad, el ente emisor limitó la comisión por cada intercambio en 1,25% para 2024, mientras que el servicio por adquirirlo tiene un costo del 1,95%.
Estos costos son los mismos si la tarjeta fue expedida en Costa Rica o si fue creada en el extranjero. Por esta razón dos diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) desean que esta norma solo aplique para aquellas tarjetas emitidas en Costa Rica, en tanto que sean los mismos operadores los que fijen las tarifas cuando el servicio provenga del exterior.
En el caso de incumplimiento, los responsables pueden ser sancionados hasta con el valor de 100 salarios base, ¢46.220.000 para 2024.
La ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de marzo de 2020.
PRIMERA INICIATIVA REFORMARÍA LEY
El primero de los proyectos que existe en la corriente legislativa que busca este objetivo es el 24.026, presentado por la diputada del PUSC Daniela Rojas. Junto a ella firmaron la iniciativa el también rojiazul Carlos Felipe García, además de los liberales Jorge Dengo y Kattia Cambronero.
Con la reforma se estarían cambiando los artículos 1, 2 y 4 de la ley. La variación más importante se da en el artículo 4, que pasaría a leerse de la siguiente manera: “El Banco Central de Costa Rica determinará las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores en el territorio nacional.
Asimismo, deberá determinar las comisiones máximas de adquirencia y límites máximos a otras comisiones y cargos que establezcan los proveedores de servicio por el uso de los dispositivos de pago en el territorio nacional, independientemente de su denominación”.
En otras palabras, agrega el término “territorio nacional” para limitar solo a operaciones realizadas con tarjetas de emisores en Costa Rica y el usuario también, por lo tanto, busca que sea el mercado el que regule las trasferencias transfronterizas.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 8 de noviembre de 2023, mientras que el 14 de febrero inició en la corriente de la Comisión de Asuntos Económicos.
SEGUNDA INICIATIVA INTERPRETARÍA LEY
No contentos con el primer plan, la misma agrupación política presentó el pasado 4 de abril un proyecto de ley con la finalidad de que se interprete el artículo 3, para que su ámbito de aplicación se circunscriba únicamente al territorio costarricense; es decir, a aquellos servicios que ofrezcan los proveedores del sistema de tarjetas con operaciones en Costa Rica, se encuentren o no sujetos a la supervisión financiera de alguna de las superintendencias del Consejo Nacional de Supervisión Financiera (Conassif).
En el caso de este último, aún no le han asignado comisión. Está en etapa de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Martes 16 Abril, 2024
HORA: 12:00 AM
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