La Asociación Privada de Movilidad Tecnológica (Aprimotec) urgió la modernización del transporte en Costa Rica y una de las posibles soluciones sería la regulación de las plataformas de transporte.
Alfredo Román, presidente de Aprimotec, instó a las autoridades del Poder Ejecutivo a agilizar los procesos para tocar las puertas de la Asamblea Legislativa con una propuesta que beneficie al sector, a los taxistas y a los consumidores en general.
Román conversó con DIARIO EXTRA sobre la hoja de ruta actual y los obstáculos que desde hace siete años surgieron en los procesos de modernización. A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Cuál es el estado actual de las plataformas en Costa Rica?
- Aprimotec nace hace cuatro años con el incentivo de varios conductores que se dedican al transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas para ser referentes en el marco de las políticas públicas que en su momento consideramos que se iba a hacer en el Gobierno de don Luis Guillermo Solís, posteriormente en el de Carlos Alvarado y ahora esperamos que con este periodo presidencial podamos tener un marco regulatorio. Para nosotros, es importante la comunidad de conductores ya que, en este momento, 30 mil familias aproximadamente dependen directamente de esta actividad y un número bastante grande indirectamente, entre ellos, parte de la cadena de valor, los lubricentros, llanteras, sodas, restaurantes, etc., y eso al final genera economía. Esto es todo un engranaje que hace que la economía vaya fluyendo. Se necesita modernizar el transporte.
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los colaboradores sin el proceso de regulación?
- El obstáculo principal es que actualmente son casi 30 mil personas informales que no cotizan ante la Caja, no tienen acceso a créditos, no pueden hacer arreglos porque son figuras invisibles dentro del marco jurídico de Costa Rica. La actualidad de los conductores de plataformas es que en estos momentos pueden ser abordados por una autoridad de Tránsito o Municipal y no tienen en este momento cómo poder hacer valer sus derechos de que honradamente se están ganando su día a día y generando plata de una economía o de una actividad que mundialmente es reconocida en varios países.
¿Qué se necesita para regular conforme a derecho y que exista anuencia en la toma de decisiones?
- Actualmente, la falta de tener un organismo o tener esta persona que pueda equilibrar la cancha, como habla nuestro actual Presidente, hace que en este momento una actividad que generaba a más de 12.500, como son los concesionarios de taxi en su día a día, ahora actualmente solo existen 10.200 concesiones vigentes, muchas de ellas se devolvieron al Estado. ¿Qué pasa con esto? Tiene un músculo, la cuarta generación industrial en que usted no tiene que usar su CD para meterse al Encarta y poder sacar información que antes nosotros hacíamos cuando estudiábamos, sino que ahora todo está en la red. Al estar todo en la red, hay que hacer que todo sea tecnológico. Palabras anteriores de uno de los candidatos a la presidencia, José María Figueres, hablaba sobre “taxificar” los uber, y no.
¿Por qué no?
- Murieron por su realidad. Por sus líderes o por lo que haya sido. Sin embargo, en este momento deberíamos empezar a acoplar la figura de igualar las condiciones.
¿A qué se refiere con eso?
- Hay un monto dentro de los proyectos de ley que habla de que la inscripción de los conductores tiene que ser el equivalente a un 15% de un salario base, que equivale a un 60 o 70 mil colones en el proyecto de Pablo Heriberto Abarca, que ese es el que está más avanzado de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ¿de dónde sacan ese monto? No hay estudio técnico que lo respalde. Entonces la respuesta es que el equivalente a lo que los concesionarios pagan de canon y de impuesto a la Aresep por medio del CTP. Entonces bajémosles el canon a los taxistas. Abramos las concesiones que cualquier persona pueda tener permiso en una concesión de taxi y que el libre mercado defina dónde quiere trabajar. Si usted quiere ser taxi, sea taxi. Si su taxi lo quiere meter en una plataforma, métalo a cualquiera de las plataformas.
¿Consideran urgente una reforma a la Ley de Tránsito?
- Estamos en un momento donde la Ley de Tránsito debería tener una modificación considerable en el tema de permisos, pero esto debería verse como una actividad que elimine el porcentaje de desempleo en Costa Rica, que es bastante alto. Si en el momento de pandemia andábamos por el 22%, que había 520.000 o 550.000 colaboradores y bajó un 17%, ¿qué pasa si incluimos a estos 25.000 o 30.000 informales dentro del marco regulatorio de Costa Rica pagando sus responsabilidades sociales? El desempleo disminuiría, habría más agilidad a la economía del país, las sodas ya podrían emitir su factura electrónica y el músculo económico empieza a darle más sentido.
¿Cree que se lograría reducir la brecha de informalidad en Costa Rica si se legalizaran las plataformas?
- Bastante. El dato de los 30.000 lo manejamos de estadísticas de las plataformas, porque son ellos los que tienen el big data, pero podríamos considerablemente decir y afirmar que la informalidad en Costa Rica disminuiría muchísimo. Como conductor donde ya tengo que estar, ojalá que en el régimen simplificado, donde le tenga que decir a mi contador que me gasté ¢2.500 o ¢3.500 en mi almuerzo, eso el contador hace que la persona que me vendió le emita una factura electrónica, entonces ellos se van a ver en la obligación de tener que hacer un ciclo de facturación ante Hacienda.
¿El proyecto de Pablo Abarca está bien? ¿O qué tipo de mejoras se le pueden aplicar?
- De hecho, hay 40 iniciativas aproximadamente ante la corriente legislativa, desde Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana. Desde que en su momento comenzó a realizar las iniciativas sobre regulación, viene una serie de acciones que en ninguna de las 40 iniciativas incluyen la realidad de los conductores de la movilidad colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre fueron las personas que estuvieron detrás de un escritorio quienes redactaron una ley basándose en la ley que existe de transporte desde hace muchísimos años atrás.
¿Quisieron implementar el modelo del taxi con las plataformas?
- Definitivamente, usaron otros modelos que se usaron en otros países como Panamá, México. Sin embargo, la Ley de Costa Rica es completamente diferente. Vienen todos estos extractos de proyectos de ley y se viene a dar el de Pablo Heriberto Abarca, que tampoco sirvió, y en conjunto con el de Roberto Thompson forman el que hoy está en la corriente legislativa. El proyecto de ley no incluye ningún tipo de beneficio hacia la persona que brinda este servicio. Estamos en total acuerdo de que los taxistas tienen que seguir vivos, al igual que los see-taxis, al igual que los piratas, pero hay campo para la tecnología.
¿Cuál sería una solución inmediata para mejorar el transporte público?
- Lo que hay que hacer es una oficina innovadora que mejore el transporte en Costa Rica, descentralizada, no de gobierno, eso es una de las ideas innovadoras que propone Aprimotec al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como una administración bilateral en todos los procesos para que se agilicen. Necesitamos que eso sea regulado por el sector público como por el privado y financiado al 100% por empresa privada. Esto agilizaría a que las personas que tengan concesiones en este momento no estén parqueadas y haciéndonos presas, sino que tengan movilidad dentro del sistema de transportes costarricenses y no tengo por qué limitar a doña Karen, que tiene su concesión, de que si sale de San José no puede recoger en Cartago.
¿Cómo operaría esa oficina innovadora de transporte?
- La figura en sí no tiene un nombre establecido, porque incluso estuvimos pensando tocarle la puerta al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y decirle ahí que necesitábamos una oficina que nos colabore con ciertos esfuerzos. Vamos a ver, dentro del proyecto que ahorita está en línea indica que las aplicaciones están en la obligación de brindar toda la información sobre los conductores, la base de datos tremendamente completa, me parece espectacular porque el Estado debe ser consciente de las personas que trabajan en esta actividad, pero el Consejo de Transporte Público (CTP) deberían aportar quiénes son las personas que tienen una concesión del MOPT, como su edad, su placa, su número de cédula. La oficina, una de sus principales funciones es que toda esta información la procesen desde ahí, porque quieren darle esa responsabilidad al CTP, que en su momento no puede con 10 mil, no va a poder con 40 mil.
¿Le crearía más plazas nuevas al Estado?
- No. Deberíamos usar los recursos existentes para no generar un gasto más al Estado y que las dos o tres personas de la empresa privada sean pagadas por la empresa privada.
¿De qué nos sirve saber que el concesionario tiene 80 años si tiene derecho a alquilarlo? y el que lo maneja puede ser un loco y no sabemos qué perfil tiene…
- Entonces tendríamos que aplicar la regla de igual por iguales. Todas las personas que se dedican al transporte de personas, sea modalidad taxi, modalidad see-taxi, Uber, Didi, y piratas, deberían estar dentro de una base de datos pública. La oficina sería después de la legalización, que pueda meterse de lleno dentro del transporte público. Hay que nivelar la cancha.
¿Qué tipo de cercanía sostuvieron con el MOPT?
- Tuvimos una reunión con doña Laura Ulloa (viceministra de Transportes), que es la que está escribiendo el proyecto con su asesor. Tuvimos la posibilidad de presentar todos nuestros puntos de dolor, entre ellos la Caja, el sistema simplificado, la oficina de movilidad colaborativa, las tarifas y de ahí se desprende un sinnúmero de programas que se incluyen dentro de la propuesta de ley y que no están contempladas. Por ejemplo, usted se dedica a la actividad, se quedó sin trabajo, su única manera de trabajar es por medio de plataformas, pero para inscribirse tiene que ir a la CCSS y debe ¢2 millones o ¢3 millones. Usted tiene que condonar esa deuda para seguir trabajando. Esos puntos expusimos con la viceministra.
¿Están de acuerdo en condonar?
- Hay un proyecto del Partido Liberación Nacional (PLN) que está siendo manejado ahorita en el tema de condonación de deudas, pero en condonación y exoneración del interés creado por la cantidad de tiempo y el cobro administrativo, no el capital. No estoy de acuerdo en que se elimine el capital, eso es una responsabilidad civil que efectivamente hay que respetar y la CCSS necesita que se recoja ese capital, pero debe existir la forma en que la persona se haga responsable.
Muchas personas se quejan de las plataformas por las excesivas tarifas dinámicas, ¿cómo contrarrestar ese problema?
- Las plataformas en este caso considero que son las encargadas de realizar la mejor estrategia de venta para el consumidor y también van a tener casi que la obligación de decirle al consumidor que siga, para que no se vaya de la competencia. Eso lo va evolucionando el mercado. Por ejemplo, hay conductores que dicen que manejar con Uber no vale la pena, y hay otros que dicen que se ganó ¢72.000. Llega Didi y hace una propuesta. Ahí está la estrategia de la aplicación de ventas y a los clientes. Mientras que a los clientes definitivamente se van a ver obligados a tratarlos mejor que la competencia. El mercado se va a encargar de eso.
EXTRADIRECTO
Choferes de plataformas: Trabajo.
Plataformas colaborativas: Trabajo.
Proceso de regulación: Lerdo.
Libre competencia: De acuerdo.
MOPT: Aliado.
Oficina de Movilidad: Innovación.
Usuarios: Importantísimos en la cadena de valor.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Miércoles 05 Octubre, 2022
HORA: 12:00 AM
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