El incremento salarial a miembros del Poder Ejecutivo genera dudas entre diputados, al punto que se consultará ante la Procuraduría General de la República. Así lo anunció Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional (PLN).
A través del oficio AL-FPLN-31-OFI-016-2022, la verdiblanca solicitó a la Procuraduría que emita un criterio jurídico sobre la legalidad del decreto firmado por el Ejecutivo, el cual haría que los ministros y viceministros ganen ¢2,6 millones. Actualmente los jerarcas perciben ¢1,3 millones y dichos puestos están excluidos del Régimen del Servicio Civil.
En la misma línea, la legisladora solicitó que se rinda una opinión sobre la competencia de la Autoridad Presupuestaria al aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del Régimen del Servicio Civil.
Cabe señalar que la Autoridad Presupuestaria es quien fija los salarios de los ministros de la República.
DUDAS
De acuerdo con Ramírez, las competencias del Ejecutivo para emitir un decreto de incremento salarial de ese tipo podrían encontrarse “inhibidas” por ley.
Otro punto es que la Ley No.9635 (Regla Fiscal) señala que cuando la deuda del país es igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) no podrán generarse incrementos ni incentivos salariales a funcionarios públicos.
Según el Ministerio de Hacienda, la relación deuda-PIB de 2021 alcanzó el 68,19%, dato que coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 2021, al indicar que la deuda del Gobierno alcanzó un monto de ¢27,3 billones.
Incluso Marta Acosta, contralora general de la República, advirtió a la Comisión de Asuntos Hacendarios que a abril de 2022 la deuda del Gobierno alcanzó ¢28,7 billones.
“Mientras subsista la condición de endeudamiento, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base de todos los funcionarios y las funcionarias del sector público, sin excepción alguna. Por lo tanto, el decreto ejecutivo podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad”, asegura la diputada.
Ramírez añade que si ese monto se contrasta con las estimaciones del Banco Central sobre el PIB 2022 (¢38,5 billones), la relación deuda-PIB ronda el 74%, lo que impediría los aumentos no solo para los ministros, sino también para cualquier funcionario público.
“Ese aumento a ministros y viceministros de Estado, en esta particular coyuntura fiscal, reviste de absoluto interés general. No se trata de funcionarios cualquiera, sino de personas que dirigen y coordinan la Administración”, concluyó.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Viernes 24 Junio, 2022
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA