Diario Extra - UCR se opone a proyecto

El proyecto de empleo público impulsado por el Poder Ejecutivo suma cada vez más detractores.
En esta ocasión, el Consejo de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su oposición al expediente 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”, el cual ya sufrió una serie de modificaciones por parte de la Comisión de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa.
En detalle, la casa de estudios consideró que la resolución de la Sala Constitucional tiene “implicaciones serias para las universidades públicas en vista de que concibe a una instancia universitaria de dos tipos: una que tiene fines protegidos constitucionalmente (actividades de docencia, investigación y extensión y acción social) y otra para personal administrativo y trabajadores que sí se someten a la ley”
“Estaríamos ante una universidad dual. Una más protegida y otra más expuesta a los vaivenes del Poder Ejecutivo. La Dirección General de Servicio Civil y Mideplan sí pueden dictar lineamientos de empleo público a las personas funcionarias que no ejerzan docencia, ni investigación ni extensión o acción social, ni al personal administrativo y profesional, aun cuando se encuentren relacionados con estos fines. Esa es una injerencia a la potestad de autogobierno que el constituyente otorgó globalmente a las universidades públicas, según los artículos 84 y 87 constitucionales”, señalan.
Por otra parte, la asesoría jurídica universitaria considera que el proyecto de empleo público contravendría el artículo 192 de la Constitución Política y, además, el texto se está tramitando bajo “motivaciones de carácter ideológico, reflejadas en la versión minimalista de la autonomía universitaria desarrolla por la mayoría de la Sala”.
De igual forma, cuestionan que el salario y aprobación de incentivos vendrían dados desde afuera (Servicio Civil) para ciertos grupos laborales, y “el ente universitario no puede decidir, como siempre lo ha realizado, en virtud de su autonomía organizativa de raigambre constitucional”
De igual modo, la UCR considera que los parámetros de concursos internos y externos vendrían de directrices vinculantes del mismo Servicio Civil y de su respetivo permiso, con carácter vinculante para ese grupo, mientras que “para otro sector rigen las disposiciones emanadas de la misma Universidad.
Esto impacta la calidad de la oferta, de la investigación, la extensión y la acción social, pues tendríamos un ente externo que incida y regule en las esferas que son propias de la competencia constitucional de las universidades con su autonomía especializada”.
Finalmente, aseguran que el proyecto de empleo público tiene un objetivo de “naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones”, pero, solapadamente, contiene además una “reforma del Estado no explicitada, ni discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando lo centraliza en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, hecho que es considerado grave porque lesiona e irrespeta la independencia de poderes, lo cual es un aspecto básico y fundamental de la democracia costarricense.
El planteamiento del proyecto responde a una lógica jerarquizada del sector público en la que no se discriminan las competencias dadas constitucionalmente. La nueva redacción corrigió en parte las incompatibilidades con las autonomías, pero aún se mantienen problemas que rozan con los artículos constitucionales. Entre ellas, en el caso de las universidades públicas, siguen los roces con el artículo 84 de la Constitución Política”, manifiesta el documento.
“Es oportuno diseñar una legislación del empleo público sustentada en los principios constitucionales que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, siempre en procura de favorecer el bienestar de la población; empero, este objetivo es enemigo de la improvisación, el análisis laxo y superficial, la falta de rigurosidad científica, pero, sobre todo, de perspectivas cortoplacistas cimentadas en añejos análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales”, concluyen.