Diario Extra - Estado pagará ¢1.500 mills. por deuda del Anglo

El Estado deberá pagar una indemnización de ¢1.500 millones por un incumplimiento de contrato por parte del extinto Banco Anglo Costarricense.
A pesar de que esa entidad cerró en septiembre de 1994, se tendrá que cancelar este año los daños y perjuicios por un proceso judicial que se perdió contra la empresa Agropecuaria Ferive S.A.
El caso, detallado en el quinto presupuesto extraordinario de la República de 2021, señala que el Anglo “incumplió con el contrato de financiamiento de un proyecto agrario de siembra de helecho de cuero” con la empresa agropecuaria antes mencionada y como resultado de ese incumplimiento el Estado debe pagar los daños y costas de esa acción.
Según la sentencia No.08-2005 del Juzgado Agrario de Alajuela, los daños que deberán cancelarse son más de ¢336 millones y los perjuicios superan los ¢1.205 millones (aunque la resolución señala el monto en dólares).
“Así las cosas, se condena al Estado a pagar la cantidad indicada de daños y perjuicios, al declararse parcialmente con lugar la demanda interpuesta, dado que el extinto Banco Anglo Costarricense incumplió un contrato de financiamiento de un proyecto agrario y de acuerdo con el Juzgado, el Estado asumió directamente las obligaciones del proceso de disolución del Banco indicado una vez concluido el periodo de vigencia de la Junta Liquidadora”, precisa la iniciativa de ley presentado el jueves anterior ante el Congreso.
Según el gobierno, dicho compromiso al tratarse de resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales e indemnización, “corresponde pagarlo con los recursos que se presupuestan en la subpartida 6.06.01”.
No obstante, al 28 de junio de 2021 no tenía recursos, por lo que “para atender lo dispuesto en la sentencia es urgente atender y dar sustento al monto asignado en el proyecto de ley presentado”.
“Cabe insistir en que esta solicitud se realiza a fin de hacer frente a los compromisos, conforme los contratos vigentes y las previsiones necesarias para el 2022”, estipula el texto.

ASOMBRO

Tras conocer sobre la indemnización, varios diputados se mostraron sorprendidos.
Jorge Luis Fonseca, de Liberación Nacional, dijo que dichos recursos se podrían usar en otros rubros, sin embargo al haber una resolución judicial “deben cancelarse”.
“Esa partida sorprende. Tal vez se omitió (el pago) en la Junta Liquidadora y ahora nos corresponde a los costarricenses pagar esa suma millonaria.
En este momento esos fondos se podrían usar en otras cosas, pero uno entiende que debe cancelarse.
Esa plata se ocuparía bien para otras cosas, pero judicialmente se ha señalado que el Estado debe cumplir esa obligación”, declaró el verdiblanco.
En la misma línea, el independiente Dragos Dolanescu aseguró que, 27 años después del cierre del Banco Anglo, “se siguen pagando las tortas del gobierno Figueres Olsen”.
“El cierre del Banco Anglo, más que un tema técnico, fue un tema político. Los principales culpables se dieron a la fuga a Chile y acá el pueblo sigue de camello, pagando tantos años después las tortas de ese cierre.
El que carguen con ¢1.500 millones el presupuesto del Estado para pagar una indemnización que la justicia dio la razón a Agropecuaria Ferive demuestra una vez más lo mal que fue esa decisión en ese momento, a como lo es ahora”, precisó.

EL ANGLO

El Banco Anglo Costarricense se fundó en 1863 y se cerró el 14 de septiembre de 1994.
Ese año se revelaron escándalos financieros, sobregiros sin garantías, gastos administrativos excesivos, falta de controles internos, negocios internacionales especulativos, crecimiento irresponsable de la planilla en puestos de confianza y asesorías deficientes.
Solo entre 1990 y 1994 la administración y la junta directiva autorizaron más de 70 sobregiros, en su mayoría operaciones sin respaldo.
Por otra parte, a través de la subsidiaria del AVC Valores en Panamá se realizaron operaciones de adquisición de bonos de deuda externa de Venezuela, que le generaron al banco una pérdida de $55 millones.
Las pérdidas del Anglo alcanzaron más de ¢16 mil millones.
Por este caso la Asamblea Legislativa inhabilitó para ocupar cargos públicos en el futuro a 28 personas, entre ellas 15 exfuncionarios del Anglo, 7 exfuncionarios del Banco Central y 5 exdirectivos del Sistema Bancario Nacional.
Además el Poder Judicial acusó de peculado y dictó prisión preventiva a 12 directivos del Anglo. El gerente general, por su parte, fue acusado por varios delitos de peculado.