Una jueza de apellidos Mc Laren Quirós fue denunciada ante la Inspección Judicial, el Ministerio Público y la Sala Constitucional, por dictar una resolución que al parecer perjudica a un adulto mayor de 94 años de edad y a una adulta mayor discapacitada de 65 años, vecinos de San Pedro.
Se trata de dos denuncias y un recurso de amparo interpuesto por Mildred Chacón Delgado contra dicha funcionaria y el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Familia de mismo circuito.
Chacón alega que con la resolución emitida por Mc Laren se dejó desprotegidos a su padre, un anciano de 94 años, que sufre de las lesiones producto de cáncer de esófago y a su hermana, otra adulta mayor de 65 años de edad, con retardo mental.
La denunciante había acudido ante las autoridades en abril de este año para solicitar una pensión alimentaria a favor de ambos. El dinero debía de darlo a sus hermanos.
Si bien inicialmente, ella y dos hermanos que se encuentran fuera del país se hacían cargo de los gastos, estos fueron creciendo a medida que avanzaba el padecimiento del señor.
La situación fue tal, que doña Mildred, como muchas otras familias costarricenses, debieron de embargar sus propiedades con tal de salir adelante.
La pandemia producto del Covid-19 también les afectó severamente.
Fue bajo ese panorama que doña Mildred acudió al Juzgado para que el resto de sus hermanos colaboraran con su papá y su hermana discapacita.
Si bien en un inicio el Juzgado había determinado una cuota a cada uno de ellos, más tarde la resolución de McLaren se trajo abajo todo el proceso, y principalmente la ayuda económica.
Si situación se dio luego de que una de las partes denunciadas interpusiera una apelación en contra de la cuota que le habían establecido de pensión.
Para Chacón, la decisión del Juzgado no solo se hizo sin establecer pensiones provisionales, sino que se hizo a pesar de que estaban en conocimiento de que dejarían sin ayuda económica a dos personas vulnerables.
“Mi hermana desde que nació tiene retardo mental severo, aparte de esto tiene problemas cognitivos, por consecuencias de sus conductas, muestra dificultad en capacidades cognitivas, en el uso del lenguaje, tiene una condición crónica irreversible, por lo que se ve alterada su memoria, su atención, su orientación, el pensamiento, lenguaje, juicio, requiere de asistencia, por cuando es una persona no apta para decisiones financieras”, se lee en el documento facilitado a DIARIO EXTRA.
Agregan: “Mi padre tiene 94 años de edad. Enfrenta problemas para trasladarse pues perdió sus dos extremidades inferiores, padece mala circulación, ha sido operado de aneurisma que pasa por la aorta, tiene aneurisma en la ingle que no se puede operar, utiliza silla de ruedas, piernas artificiales, es hipertenso y sufre cáncer de espalda”.
Así las cosas, hace la siguiente petitoria: “Es por ello que necesito se proceda a investigar las posibles faltas de los funcionarios del Juzgado de Pensiones Alimentarias y del Juzgado de Familia. También de la licenciada Mc Laren Quirós ya que existe el posible delito de prevaricato. Se investiguen además las irregularidades y si fuera necesario se aplique el régimen disciplinario que corresponda y se investigue si ha existido algún tipo de negligencia”.
Según las denuncias, las decisiones tomadas contra ambos adultos mayores, van en contra de la ley que tutela los derechos de este grupo, así como la Constitución Política y la declaración de Derechos Humanos.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Fotos: Carlos Barquero
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Viernes 30 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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