El Gobierno de la República habría entregado mal ¢24.791.500, en un mes por concepto del bono Proteger.
Dicho monto corresponde a 209 personas que fueron notificados sobre la devolución de esos dineros a las arcas de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
El total sería superior porque de los 2.300 bonos que inicialmente se detectaron con presuntas inconsistencias en su depósito, 935 aún se mantienen en investigación para determinar si procede la devolución o si su entrega se efectuó de manera correcta.
De los 2.300, 1.365 cuentan con una resolución final, de los cuales 1.090 fueron bien pagados, mientras que a 245 no les correspondía recibir el beneficio.
DIARIO EXTRA reveló el 19 de mayo que el gobierno depositó el subsidio a funcionarios públicos, privados de libertad, menores de edad y adultos mayores con pensión, entre otros, mientras que miles esperaron con ansias la retribución económica que les permitiera salir con sus obligaciones económicas.
A raíz de esa publicación comenzó a cuestionarse la forma en que se distribuyeron los recursos e incluso desde la Asamblea Legislativa se exigió cuentas en relación con este caso.
Sobre ese aspecto manifestaron que se encuentra en el proceso de recuperación del dinero, de acuerdo con los mecanismos institucionales del Ministerio de Trabajo y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
SIN RESPONSABILIDAD
Con el fin de liberarse de cualquier responsabilidad, en Trabajo informaron que la selección de beneficiarios se efectuó de forma automatizada y no hay una participación humana en el proceso.
Indicaron que eso se debe a la configuración del sistema, que vía web service permite validar la información de los solicitantes y dependiendo de dicho proceso se les asignó un puntaje de priorización para realizar los depósitos.
Dicha cartera argumentó que la investigación se inició a raíz de una alerta que el sistema del bono Proteger efectuó tras analizar los desembolsos que se hicieron a ese grupo de personas.
Agregó que esa población estaría en uno de los supuestos del artículo 7 del Decreto ejecutivo 42305.
Tras consultarle por las acciones que aplicarían si a las personas se les notificara que debían devolver los recursos y no lo hagan informó que el procedimiento para la recuperación de dineros se rige por la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no corresponden.
“Primero deberá solicitar el reintegro de las sumas en su totalidad mediante entero de gobierno a favor del Fondo General del Gobierno o por medio de las cuentas autorizadas por la Tesorería Nacional.
Segundo, ofrecerle que en caso de que su situación económica no se lo permita, la posibilidad de celebrar un acuerdo de pago, el que no podría ser superior a seis meses”, apuntó.
En caso que la persona descarte el arreglo de pago o no se pronuncie se iniciará un proceso administrativo en el que deberán elaborar un título susceptible de ejecutar y que indique “certificación de adeudo”.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el monto de ¢24 millones habría sido devuelto, sin constancia pertinente de que eso se diera.
DIPUTADOS HABLAN
• Walter Muñoz, PIN
“No es posible que se dieran errores en formatos destinados a la ayuda de las poblaciones más vulnerables. Es lamentable que en pandemia familias que realmente necesitaran de ese beneficio se quedaran sin ello. No sabemos si los recursos llegaron a quienes más lo necesitaban o si hubo gente que se aprovechó de los errores o de la mala administración para dejarse esos dineros”.
• Erwen Masís, PUSC
“Me parece que es una barbaridad que el Estado haya girado recursos sin saber a quién lo estaba sucediendo, recursos que cayeron en privados de libertad y que no se sabe de dónde cayó y a quién. Este tipo de acciones entorpece la gestión de un país que quiere salir adelante. La Fiscalía de la República debe revisar este tema con lupa y detalle”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Sábado 24 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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