En la actualidad existen varias leyes que obligan a los bancos del Estado a entregar una parte importante de sus utilidades como aportes parafiscales a diferentes instituciones.
Entre otras, se encuentran el aporte al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (Conape); al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop); al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social; a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade); y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Todos estos aportes, se denominan como cargas parafiscales en función del destino de los recursos, ya que no ingresan a la caja única del Estado, sino que dotan de ingresos en forma directa a las instituciones públicas beneficiarias, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de cada institución. Estos aportes no son aceptados como gastos deducibles del Impuesto sobre la Renta, a excepción de la contribución al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), con lo cual se incrementa la base imponible y por ende la suma que debe cancelarse por concepto de impuesto sobre la renta.
La propuesta del gobierno es realizar una reforma legal para cambiar la manera cómo se distribuyen las utilidades de los bancos comerciales del Estado, para que este, como corresponde en su rol de propietario único de estos, sea el beneficiario directo de las ganancias obtenidas, en lugar de entregarlas a otras entidades a través de los destinos específicos.
Se trata de que los bancos comerciales del Estado Banco de Costa Rica (BCR) y Nacional entreguen parte de sus utilidades directamente al gobierno, en lugar de hacerlo de manera directa a otras entidades.
Todo esto se quiere hacer, según Hacienda, para tener mayores controles presupuestarios, facilitando, además, un sano ejercicio de toma de decisiones para definir el uso de esos recursos, y para rendir cuentas sobre la forma en que estos se utilizan.
Los pagos realizados en parafiscales por los dos bancos del Estado en los últimos cinco años alcanzan la suma de ¢112.458 millones; o sea, alrededor de ¢22.500 millones por año. “No se pretende la eliminación total de estos aportes parafiscales, sino su transformación en un único pago que sería entregado al gobierno central”, explica la propuesta de reforma a la Ley.
A FAVOR
Las entidades financieras están de acuerdo con que el dinero sea asignado por parte del Ministerio de Hacienda, en lugar de los bancos.
Maurilio Aguilar
Director de Riesgo Banco Popular
“Tal como está planteada la propuesta, la medida solo aplica a los bancos del Estado, dejando por fuera al Banco Popular. Consideramos de gran importancia que esta disposición se extienda también al Banco Popular”.
Allan Calderón
Gerente general Banco Nacional
“Vemos positivo que se centralice en un pago unificado al Ministerio de Hacienda. Así el gobierno podría determinar sobre sus prioridades, cuáles deben ser los destinos de esos recursos, según la realidad país”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 03 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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