El Poder Judicial en atención a una consulta del DIARIO EXTRA confirmó este martes que abrió una investigación preliminar en contra del magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós.
La investigación se abre tras la solicitud de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Dicha asociación había externado, tras la renuncia de Ramírez a la Presidencia de la Sala Tercera, la necesidad de que lo acontecido con el alto juez y el caso mediáticamente conocido como UPAD se analizara con mayor detenimiento.
“En atención a la consulta formulada, se hace de su conocimiento que la Corte Plena acordó el inicio de una investigación preliminar.
Por ser los procesos disciplinarios privados por disposición de ley, no es posible ahondar en detalles”, se limitaron a indicar desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial.
Fuentes allegadas a este medio confirmaron que la investigación estará a cargo del magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya.
También se supo que el acuerdo lo habría tomado la Corte luego de una sesión secreta realizada este lunes. La investigación se habría acordado tras una votación de 9 a favor y 7 magistrados en contra.
HECHOS
Los hechos por los que se investigará a Ramírez tienen relación con una recusación interpuesta por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en contra de los magistrados propietarios de la Sala III.
La polémica surgió en la audiencia que se llevó como parte del reclamo que hicieron los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, luego que la Fiscalía decomisara los dos celulares del mandatario, así como su computadora personal, tras el allanamiento en Casa Presidencial.
En dicho espacio, el magistrado Ramírez señaló primero en la audiencia que rechazaba ad portas la gestión de la defensa del mandatario, luego “aclaró” que no la rechazaba, sino que las declaraba inadmisible, pero después dijo que lo que se rechaza era la prueba, para finalmente indicar que sí se podían exponer estos argumentos.
Este manejo poco convencional no permitió conocer por el fondo los argumentos de las partes, sino que terminó en que los abogados recusaran a Ramírez, pero además provocó que la propia fiscala Navas pidiera recusar a todos los miembros de esta Sala Penal.
RENUNCIA Y POR FUERA
La situación provocó primero que el magistrado Ramírez tomara la decisión de renunciar a la presidencia de la Sala. En sustitución asumió Patricia Solano Castro, quien además funge como vicepresidenta de la Corte.
Además, se supo que la recusación interpuesta por Navas solo prosperó contra el magistrado Ramírez, situación que hace que no continúe participando de las audiencias relativas al tema.
El recurso de recusación fue analizado por el magistrado suplente Rafael Segura Bonilla, quien se incorporará en las audiencias sobre el caso UPAD en lugar de Ramírez.
REACCIONAN
Tras la confirmación de la Corte sobre la investigación preliminar, desde Acojud reaccionaron.
“A la Asociación Costarricense de la Judicatura nos parece una decisión acertada la que tomó la mayoría de los miembros de la Corte Plena para que mediante una investigación se esclarezcan hechos públicos que se han denunciado no solo por la Asociación en contra de un señor magistrado”, indicó Adriana Orocú Chavarría, presidenta de Acojud.
Continuó: “Si hubo alguna incorrección por parte de él en una audiencia, entonces a través del procedimiento que determine la ley debe de ser clarificado como pasaría con cualquier otro miembro de la Judicatura Nacional”.
CASO UPAD
La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno Central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Además, ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario. Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.
Luego de tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.
Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio acompañada de 50 oficiales del OIJ, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.
Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Miércoles 01 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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