El caso de los ocho jerarcas de la administración Solís Rivera que recibieron sobresueldos, luego de que les pagaran de forma ilegal el concepto de prohibición para el ejercicio liberal de sus profesiones, continúa vivo.
Sin embargo, el que más sorprende es el de Olga Marta Sánchez Oviedo, extitular del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), quien a la fecha parece que se la tragó la tierra, pues no han podido notificarla de la resolución donde se le indica que debe devolver en favor de la Hacienda Pública ¢28.223.290,92.
Ella es una de los tres exjerarcas que a estos momentos continúan sin devolver el dinero recibido durante la pasada administración, tras las investigaciones de la Procuraduría General de la República.
DIARIO EXTRA se dio a la tarea de actualizar el estado de situación respecto a este tema y como incumplidos ante el Estado, aparte de Sánchez Oviedo, figuran Alexander Mora Delgado, exministro de Comercio Exterior (Comex), y Gina Paniagua Sánchez, ex viceministra de Agricultura y Ganadería (MAG). Ambos deben ¢28 millones y ¢16 millones con algunos miles de más respectivamente, para un monto cercano a los ¢45 millones.
Los tres deben al Estado más de ¢73 millones en total.
NO APARECE
A Sánchez Oviedo intentan localizarla desde hace varios meses, luego de que el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José emitiera la resolución No.2018006342 el 20 de noviembre de 2018 con base en dos especificaciones del Código Procesal Civil 110.2 y 111.3, donde se especifica el monto que debe retornar la exministra.
“… más los intereses moratorios y las costas procesales y personales de este asunto. En el plazo indicado, también podría oponerse al cobro y, de no oponerse a la resolución, de acuerdo con lo indicado en el artículo 110.3 del Código Procesal Civil, se ejecutaría”, reza la respuesta que envió Mideplan a consulta de El Diario del Pueblo.
CON SENTENCIAS Y TRIBUNALES
Los departamentos de prensa del MAG y de Comex informaron a este medio que los casos de Paniagua y Mora están en manos de la Procuraduría General de la República.
“El 18 de febrero del año 2019, el despacho de la ministra de Comercio Exterior solicitó a la Procuraduría General de la República la interposición de un proceso contencioso de lesividad, contra el acto administrativo que plasma la acción de personal por la cual se dispuso el reconocimiento del rubro de prohibición al exministro Alexander Mora, el cual fue, a su vez, declarado lesivo a los intereses públicos y económicos del Estado por parte de Comex”, reza en la explicación que remitió ese departamento.
Mientras tanto en el MAG dieron a entender que “el caso de doña Gina Paniagua fue elevado a la Procuraduría. Sabemos que ya tiene sentencia en firme y está en la fase de ejecución”.
La Procuraduría General de la República informó que en el caso de Paniagua las dos sentencias a favor del Estado se dictaron en mayo y octubre de 2019, y se está a la espera del cobro de intereses y costas por un monto de ¢4.672.916,98.
Mientras tanto, la misma dependencia confirmó que el caso de Mora Delgado ya se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que se determine el nivel de deuda con el Estado.
En otras palabras, el exjerarca se atiene en este punto, como en el caso de Paniagua, a una condena del Estado y además a cancelar las obligaciones de las costas procesales.
DEUDA MILLONARIA
La Procuraduría General de la República determinó que en el caso de los exjerarcas Mauricio Ventura, Víctor Barrantes, Carmen Muñoz, Ana Cristina Trejos, Gina Paniagua, Olga Marta Sánchez, Alexander Mora y Ana Gabriel Zúñiga recibieron el pago de prohibición del ejercicio liberal de sus profesiones.
Dicho esto, se incluyó en sus salarios un incentivo que correspondía a un 65% sobre la base de los montos percibidos para un total de ¢189 millones que cobraron.
Para recibir este incentivo solo debían cumplir un requisito: que el profesional en este caso estuviese inscrito ante su colegio profesional de incumbencia o relación, y en ninguno de los ocho casos se cumplía dicha situación.
En su momento El Periódico de Más Venta en Costa Rica informó que Víctor Barrantes, ex viceministro de Justicia y Paz, y Ana Gabriel Zúñiga, ex viceministra de la Presidencia, pagaron casi de últimos los dineros que se determinó recibieron de manera irregular.
LEGISLADORES EXIGEN DEVOLUCIÓN
DIARIO EXTRA consultó a varios legisladores su parecer respecto a la retención de dineros por parte de los tres exministros, en perjuicio de las finanzas públicas.
En su mayoría consideran que el accionar de cada uno de ellos es un cinismo y una desfachatez más, a sabiendas de que no son cualquier persona, sino que se trata de exministros; es decir, que en su periodo de servicio desarrollaron diferentes funciones en representación del país, por lo cual afirman que no se justifican esas retenciones.
Los inquilinos de Cuesta de Moras afirman que estos dineros deben retornarse en una especie de obligación ética y moral, pero también legal, en especial porque sus funciones fueron de alta representatividad.
Entre otros ponderaron que la crisis sanitaria que Costa Rica atraviesa a causa del Covid-19 tendría un atenuante si estos recursos, aunque pocos, pudiesen disponerse para necesidades específicas en las carteras afectadas.
• Ana Lucía Delgado, PLN
“Dejarse sumas giradas de más no solo podría implicar consecuencias legales en el ámbito penal por posible enriquecimiento ilícito, sino que también es una grave falta de probidad de los funcionarios involucrados. Son recursos de todos los costarricenses”.
• Shirley Díaz, PUSC
“Es importante reflexionar sobre la situación que afecta al país, ya no solo como resultado de la crisis financiera, sino de una pandemia que deja sin trabajo a un porcentaje altísimo que se suma a los ya desempleados. Les hago un llamado a estas personas para que reintegren al Estado un dinero que saben no les corresponde y lo hagan por respeto a sí mismas”.
• Dragos Dolanescu, PRSC
“Cuando son otros partidos los que lo hacen es corrupción, cuando son ellos son omisiones, errores humanos. Es parte de la doble moral de Acción Ciudadana de látigo para enemigos y miel para sus amigos. Hablamos de exministros de Estado, no del copero del parque de Palmares. Es una barbaridad”.
• Pedro Muñoz, PUSC
“Ellos deberían pagar y si en el proceso logran ganar la apelación pedir la devolución del dinero. Para eso se puede pagar bajo protesta, si es que tienen aún algún reclamo. Es cinismo que en estos momentos se retenga el dinero, deben pagar”.
