Los diputados impulsan un nuevo proyecto de ley que busca crear un fondo para subsidiar el pago de las cuotas alimentarias lo cual evitaría que las personas que deben pagar dicha pensión vayan a la cárcel al no cancelar esa obligación.
La iniciativa se presentó a la corriente legislativa con el expediente 22.019 y es un esfuerzo de los legisladores para unificar en un único proyecto la preocupación sobre esta realidad que viven las personas que sufren una afectación económica en sus ingresos, ya que por la pandemia se les redujo la jornada laboral o bien se les suspendió el contrato de trabajo.
La diputada oficialista Paola Vega, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que para financiar este fondo se tomarían recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Esta ley haría que el impuesto que deben pagar las empresas de telecomunicaciones se redireccione, por una única vez, al Fondo de Subsidio de Pensiones Alimentarias, por tres meses (junio, setiembre y diciembre).
GARANTIZAR
DERECHO DE LOS NIÑOS
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, explicó que si bien hay otros proyectos que buscaban una suspensión del pago de las pensiones alimentarias, con esta iniciativa se busca garantizar el derecho a la alimentación de los niños que se benefician de las pensiones.
“Este proyecto busca crear un fondo que garantice que esos niños van a seguir comiendo, si no sería una irresponsabilidad, que cuando la persona no pague pensión no haya apremio, pero dejamos a los niños sin comer”, señaló.
Villalta recordó que los recursos de Fonatel están ociosos y maneja un superávit gigantesco de ¢40.000 millones.
“Para qué seguir engrosando ese fondo, primero que gasten lo que tienen ahí”, enfatizó.
La diputada independiente Ivonne Acuña dijo que la suspensión de apremio corporal sería por tres meses, pero con la posibilidad de aumentarlo tres meses más.
“Entendería que sí puede tener consenso, aunque no se descartan algunas reformas como es normal en cualquier proyecto”, indicó.
¿QUÉ PASA CON LA PERSONA QUE PAGA?
El proyecto señala que tanto la persona deudora alimentaria, así como la persona beneficiaria alimentaria o su representante, podrán solicitar ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias la suspensión del apremio corporal, cuando califique por la afectación de la pandemia.
Si el juzgado resuelve a favor de la persona pagadora de la pensión no cabe recurso en contra, pero sí tendrá un plazo de tres días para apelar si la resolución no le es favorable para evitar el apremio corporal.
Hoy día unas 241 mil personas pagan pensión alimentaria que cubren a poco más de 500 mil menores de edad.
¿QUIÉNES SE PUEDEN BENEFICIAR CON EL FONDO?
La presente ley será de aplicación para cualquier proceso de pensión alimentaria en que la persona deudora alimentaria sufra una disminución total o parcial en sus ingresos de forma tal que no le sea posible seguir pagando la cuota alimentaria a la que está obligada por resolución judicial. Esta disminución en los ingresos debe estar directamente relacionada con la emergencia nacional vinculada con el Covid-19 o derivada de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades competentes en dicho contexto.
MONTO MÁXIMO
El monto del subsidio mensual será establecido por el juez o jueza que conozca el proceso judicial previsto en esta ley y no podrá ser inferior al monto de cuota alimentaria mensual del expediente concreto, con un tope máximo de ¢300.000 por persona beneficiaria alimentaria.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Sábado 06 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA