La Contraloría General de la República (CGR) inició una serie de auditorías con respecto a la ejecución y entrega del bono Proteger, que es la estrategia de subsidios que ha implementado el Gobierno a raíz de la pandemia Covid-19.
Fue el diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, quien consultó a la contralora Marta Acosta cómo se encontraba la fiscalización de este programa asistencial, ya que el Congreso le asignó a la CGR esa labor en la aprobación de los primeros recursos destinados al bono.
“Hemos iniciado tres auditorías, una es sobre el modelo de gestión de toda la estrategia del bono Proteger, la otra auditoría es sobre la plataforma, los niveles de seguridad de la información, la selección de beneficiarios y el último es sobre la ejecución del proyecto”, explicó.
Agregó que existe el compromiso de entregar al Congreso un informe en agosto próximo tomando en consideración que existe una gran cantidad de recursos públicos que se han invertido en este programa.
MOLESTIA
La jerarca también expresó el malestar que les ha generado la complejidad para obtener la información sobre Proteger.
Explicó que existe una obligación del Ministerio de Hacienda de enviar un informe cada 15 días a la Contraloría, cosa que no está ocurriendo.
“Yo quisiera decir que nosotros tuvimos que ir a Hacienda a pedir el informe y eso es parte de lo que hay que cambiar en esta cultura institucional. Si ellos saben que deben enviar un informe lo debieron mandar, pero tuvimos que ir a pedirlo y eso no nos satisface y lo vamos a reportar así”, expresó.
Añadió que ya debería estar llegando el segundo informe, pero tampoco.
“Entonces la Contraloría tiene que estar llamando para que nos manden el informe y creo que eso no se vale”, enfatizó.
AMPLIACIÓN
DIARIO EXTRA dio a conocer que el Gobierno valora ampliar la entrega del bono Proteger por tres meses más.
Hay que recordar que en primera instancia esos subsidios se financiaron con ¢225 mil millones que aprobaron los diputados y ahora se está a la espera que el Congreso apruebe un segundo presupuesto extraordinario, el cual incluye los ¢75.000 millones que el INS “donó” para atender el programa.
El IMAS entrega dos tipos de ayudas, uno de ¢125.000 para personas que perdieron su trabajo o bien se les suspendió su contrato laboral.
También entrega otro de ¢62.500 para aquellos que sufrieron una reducción de la jornada laboral en un 50%.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 05 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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