El Gobierno mete en el Plan Alivio, iniciativa para la reactivación económica, un concurso público por ¢588,5 millones para contratar a una empresa que brinde asesorías.
Según el cartel el concurso que se encuentra en evaluación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el objeto de la contratación es para dar proceso de acompañamiento especializado e individualizado (asesoría empresarial y financiera) para 200 empresas beneficiaras del Plan Alivio, que serán elegidas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) en conjunto con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
“Esta contratación está dirigida a brindar un acompañamiento individualizado y especializado en las 5 macro áreas de gestión empresarial (finanzas, mercadeo, calidad e inocuidad, operaciones, recursos humanos y estrategia comercial) para las 200 empresas seleccionadas dentro del Plan Alivio, durante 10 meses, y se hará a través de la contratación de una empresa especializada, en adelante proceso de acompañamiento empresarial.
Asimismo, la empresa consultora deberá validar y pivotear los planes de reconversión de las empresas, de acuerdo con la recomendación y ranking propuesto por la empresa encargada que estará realizando el proceso de análisis y selección”, explica el cartel.
Además, según el oficio UFODE-79-2020 del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) será “responsabilidad de la empresa consultora informar al INA y a la Agencia Operadora del SBD del avance de cada empresa de manera mensual, a través de informes de avance. (…) Asimismo, debe apoyar a la empresa en la solicitud de cada uno de los desembolsos de acuerdo con las condiciones y fechas establecidas en las normas y condiciones del Proyecto Alivio. Todas las actividades de acompañamiento y asesorías deben tener minutas firmadas por la empresa, avance de cada uno de los hitos establecidos, liquidación de gastos y documentos de respaldo, cotizaciones o justificaciones con su correspondiente análisis técnico, bitácoras de seguimiento, recomendación hasta la fecha para cada una de las 200 empresas”.
JUSTIFICAN MILLONARIO CONTRATO
El documento justifica que la “iniciativa es una respuesta clara y directa a la necesidad de las regiones para aumentar el valor agregado de sus productos y servicios, fortalecer sus modelos de negocio y planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, durante y post emergencia nacional. Se busca brindar atención a las personas y empresas beneficiarias de la Ley 9.274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, en adelante Ley SBD, que se han visto afectadas con motivo de la crisis generada por la enfermedad Covid-19, esto a través del plan “Alivio”, el cual pretende apoyar a las empresas en los sectores agropecuario, alimentos, industria y servicios, más afectados en términos de empleo, producción, ventas, encadenamiento y exportación; mediante tres etapas que incluyen acciones para la estabilización de la empresa, la reconversión (en su modelo de negocio, producto o servicio, línea de producción) y la aceleración mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema”.
Continua: “Costa Rica y el mundo, pasan por un momento crítico y difícil desde la aparición en diciembre 2019, del Covid-19, enfermedad que ha logrado, en apenas unas cuantas semanas, acaparar toda la atención de los gobiernos y de los ciudadanos pues afecta no solo la salud de la población, sino también otros aspectos que se ven relacionados, como, por ejemplo, la economía en general”.
DIPUTADOS MOLETOS
Las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar. Melvin Núñez Piña del Partido Restauración Nacional fue uno de los que levantó su voz.
Cree que el INA tiene el personal suficiente y calificado para brindar la asesoría en este programa.
“En momentos donde se debe tener austeridad y que el dinero público sea bien administrado, se les ocurre hacer este gasto, teniendo gente calificada dentro del mismo INA y lo que hacen es duplicidad de funciones al contratar a personas externas”, apuntó.
Esta bancada ya había levantado su voz con una decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de abrir otra licitación pública por ¢300 millones para una consultoría para la sectorización de autobuses.
Los diputados de todas las fracciones de oposición han criticado la poca reducción del gasto público del Gobierno en el manejo de la crisis y señalan este tipo de decisiones como un ejemplo del nulo interés por socarse la faja.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Sábado 09 Mayo, 2020
HORA: 12:00 AM
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