Este lunes 45 legisladores le dieron un empujón al expediente 20.861, una iniciativa que busca establecer límites a las tasas de usura que cobran tarjetas de crédito, empresas de venta de electrodomésticos, prestamistas, garroteras en entre otros en el país.
Este nuevo paso se dio al aprobar una moción para dispensarlo de todo trámite y haciendo que el proyecto pase ahora a su discusión en el Plenario.
La moción fue votada en contra por los diputados independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña y por la socialcristiana María Inés Solís.
Estos legisladores se han manifestado abiertamente en contra de la iniciativa alegando que crearía exclusión a los sectores más pobres de la sociedad impidiendo que accedan al sistema bancario de créditos y obligándolos a financiamientos ilegales como los llamados créditos “gota a gota”.
“Insistir en ver un proyecto que incluiría a 1,8 millones de personas de la oportunidad de apalancar su economía, con la vía del crédito, en una situación económica complicada, es absolutamente inviable. Además, la posición de las entidades financieras del país ha expresado la gran inconveniencia de este proyecto, en la nueva realidad económica del país”, comentó Acuña.
La legisladora dio a conocer la posición de las principales entidades financieras del país, a saber: Banco Central, Sugef y Conassif, que se oponen a la iniciativa.
Mientras que Rodríguez tiene 22 mociones presentadas al proyecto de ley, entre las que destacan que la reforma entre a regir hasta enero del 2021 y no en julio. Esas mociones deberán ahora conocerse en el Plenario.
El proyecto establece fronteras del 39% (en colones y un 31,35% en dólares) para todo tipo de créditos (préstamos, tarjetas, línea blanca, etc.) y un 55% en colones y 45,66% en dólares para los llamados microcréditos, esto permitiría la no exclusión financiera.
Para efectos de la ley, los microcréditos son aquellos que no superen los ¢675.300.
Las tasas máximas señaladas se calcularán y definirán por el Banco Central de Costa Rica, el cual las deberá publicar en la primera semana de los meses de enero y julio de cada año, en La Gaceta y en su página web.
Estas tasas se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuada en el semestre siguiente al de su publicación.
Además, establece una sanción de 6 meses a 2 años de cárcel por el delito de usura que ya está tipificado en el Código Penal.
BENEFICIOS
Los impulsores de esta ley insisten que sí daría un alivio inmediato a las personas, ya que si bien no sería retroactiva para los créditos que ya se tienen hoy vigentes, en dado caso que la persona busque una renegociación de su deuda, tendría la ventaja de encontrar intereses más bajos.
El diputado liberacionista David Gourzong, uno de los impulsores de la reforma, enfatizó que se procura ayudar a muchas familias.
“Lo que está pasando con esta crisis sanitaria en muchos países las tasas de intereses están bajando y con este proyecto damos un primer paso para ayudar a muchas familias que están en esclavitud financiera y por problemas de reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo, muchas personas han caída en manos de prestamistas y usureros”, indicó el verdiblanco.
Lenin Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, hizo un llamado a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley.
“En nuestro país hay 920 mil familias que pagan tasas de interés que van del 50% hasta el 210%, lo cual representa un duro golpe en momentos de la crisis financiera”, apuntó.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Martes 21 Abril, 2020
HORA: 12:00 AM
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