La Sala Constitucional confirmó este martes que admitió para estudio dos recursos de amparo contra el decreto Nº 41996-MP-Mideplan, en el cual se crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), señalada por diputados de oposición como la “unidad espía”.
Ambos recursos se presentaron el lunes 24 de febrero. El primero de ellos se tramita bajo el expediente 20-3595-0007-CO y fue planteado por dos abogados vecinos de San José.
El segundo se tramita bajo el expediente 20-3610-0007-CO, fue interpuesto por un abogado, también vecino de San José.
“En apego a los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Tribunal pidió informe sobre los hechos alegados por los recurrentes al presidente de la República, al ministro de la Presidencia y al ministro de Planificación en ejercicio; el plazo concedido por la legislación es de tres días hábiles a partir de la notificación”, informaron en la Sala IV.
Añadieron: “La pretensión de los recurrentes, quienes alegan que se violentó el derecho a la intimidad, es que se ordene al Poder Ejecutivo a abstenerse de realizar comportamientos iguales o semejantes a los relacionados con la creación y funcionamiento de la UPAD, así como que se destruyan todos los datos recopilados.
Además de estos recursos, el domingo se presentó una acción de inconstitucionalidad contra acciones y omisiones del Ejecutivo relacionados con la creación y funcionamiento de la UPAD. Esta acción, presentada por diputados del Partido Unidad Social Cristiana y que se tramita bajo el expediente 20-3541-0007-CO, se encuentra en estudio de admisibilidad”.
ABREN CAUSA PENAL
Además del estudio por parte de los magistrados constitucionales, la Fiscalía General de la República confirmó ayer la apertura de una causa penal por el mismo caso.
“La Fiscalía General determinó la apertura de una causa penal para investigar los hechos que usted refiere. Esta se tramita bajo el expediente 20-005433-0042-PE y agrupa dos denuncias recibidas la mañana de ayer, una tercera que ingresó en horas de la tarde y un informe remitido por la Defensoría de los Habitantes.
Actualmente, la investigación se encuentra en la etapa preparatoria, en la que se trabaja en la recolección y análisis de pruebas que permitan acreditar o descartar la existencia de una conducta delictiva en los hechos referidos, así como las personas presuntamente responsables. Debido a que dicha fase es de carácter privado, no es posible brindar más información, pues así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, precisaron.
En relación con el supuesto allanamiento en la casa de gobierno, donde está ubicado el polémico departamento, indicaron: “La Fiscalía General descarta que esté realizando o haya llevado a cabo alguna diligencia en Casa Presidencial”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín.
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Miércoles 26 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
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