El mandatario Carlos Alvarado Quesada violó la intimidad de los costarricenses al autorizar la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Así lo creen reconocidos abogados constitucionales y la oposición en el Congreso.
Dicha Unidad fue establecida por medio del decreto 41996-MP-Mideplan con fecha al 14 de octubre del 2019.
Los expertos aseguran que almacenar datos de los ciudadanos, máxime cuando es información de carácter confidencial o sensible, lesiona el artículo 24 de la Constitución Política referente al derecho a la intimidad.
¿QUÉ OCULTÓ EL GOBIERNO?
El gobierno, que ocultó la puesta en marcha de la UPAD hasta este viernes, día que tuvo que derogarla, pretendía que esta fungiera como una instancia asesora del presidente para la toma de decisiones políticas levantándole los chingos a todos los ciudadanos.
Para su constitución disponía a las instituciones del Gobierno central y autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
“Para ello, se les facilita los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos”, agrega el decreto.
Añade: “También se brinda acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantiene en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”.
UNIDAD INCONSTITUCIONAL
Para los abogados constitucionalistas Fabián Volio y Ewald Acuña, quienes leyeron a profundidad el decreto, esa unidad a todas luces es inconstitucional.
“El decreto contiene una intromisión indebida en el ámbito de intimidad de las personas y viola dos principios. En el artículo 7 (del decreto) cuando dice que podrá tener acceso a información de carácter confidencial se está violando vía reglamento el artículo 24 de la Constitución Política, pero además se viola el principio de reserva legal”, explicó Acuña.
Continuó: “Cuando se vayan a afectar garantías constitucionales solo se puede hacer por medio de una ley, entonces me parece que ahí sí hay un exceso en el decreto que deber ser corregido o consultado ante la Sala Constitucional”.
Por su parte, Volio indicó: “Este decreto está creando la unidad de espionaje a todos los costarricenses, nada más y nada menos que ubicada en Casa Presidencial. El decreto es muy preocupante porque obliga a la totalidad de las instituciones a entregar información confidencial de los costarricenses con el argumento de que ellos van a garantizar el abordaje de los datos.
Es decir, estamos presenciando el inicio de la transformación de Costa Rica en un país socialista, igual que la República de Venezuela. Atrás quedaría un país democrático y libre para dar pie a un estado tirano. Este es el principio del fin de la democracia”.
El reconocido constitucionalista agregó que la justificación del decreto, basado en el artículo 30 de la Constitución Política (sobre el acceso a la información), está completamente tergiversado por el gobierno.
“La Presidencia lo que está haciendo es escondiendo el propósito de crear una unidad de persecución policial contra los costarricenses porque el artículo 30 de la Constitución Política dice lo contrario; es decir, que los costarricenses podemos acercarnos a pedir información sobre asuntos públicos y que nos la den. Pero el decreto dice totalmente lo contrario, que van a concentrar la información de los costarricenses, incluso la que es confidencial, en Casa Presidencial”, manifestó.
El jurista pone como ejemplo el caso de estados de cuenta, proyecciones económicas o documentos financieros de las empresas, que, si bien se encuentran en instituciones del gobierno, eso no convierte dicha información en pública.
SOCIALIZARÁN LA INICIATIVA
Tras la ola de críticas, tanto del Congreso como de expertos en derecho constitucional, el gobierno informó este viernes en horas de la tarde que derogó el decreto para socializar entre los sectores la posibilidad de reanudar la operación de la unidad.
“La decisión de derogar el decreto se tomó con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con un departamento permanente de análisis de datos, que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística y la ciencia de datos”, precisaron por medio de un boletín a la prensa.
Al respecto Nancy Marín Espinoza, ministra de Comunicación, afirmó: “En el siglo XXI los gobiernos deben trabajar con información precisa y oportuna, que permita orientar a la política pública para beneficio de las personas”.
De acuerdo con el gobierno, el objetivo del decreto era establecer de manera permanente esta unidad para que otros gobiernos también tuvieran asesoría especializada.
YA FUNCIONA DEPARTAMENTO
Marín detalló que pese a que el decreto fue derogado funciona un equipo de minería de datos en Casa Presidencial.
Dos de los funcionarios son Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos de 30 y 24 años, respectivamente.
Este último fue contratado en mayo del 2018 como asesor y analista de datos.
Gana mensualmente en promedio ¢1.025.000 y es bachiller en Economista y master en Estadística.
Villalobos trabaja para la Presidencia hace unos 9 meses. También es economista y estudia derecho.
Marín dijo que entre el trabajo que realizan está el análisis de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos para generar planes de infraestructura educativa y vial.
TODO SOBRE LA UPAD
-Se creó una instancia asesora del presidente.
-La Administración Pública Central y la Descentralizada debía permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD.
-Se brindaría acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera.
-Estaría constituida por personas funcionarias de carácter técnico-profesional, las cuales responderán a su director y este a su vez al presidente de la República.
-Contaría con las plazas técnicas, administrativas y profesionales necesarias para su eficaz y eficiente funcionamiento.
-Estaría integrada por al menos un director de Análisis de Datos y un equipo que lo apoye en las tareas de gestión, procesamiento y análisis de información.
Fuente: Decreto41996-MP-Mideplan.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Sábado 22 Febrero, 2020
HORA: 12:00 AM
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