Un revolú ha causado el tema de si los pluses en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) constituyen un derecho adquirido. Sin embargo, el problema que enfrenta esta institución podría extenderse al resto del sector público.
Lo anterior debido a que la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dejó espacios abiertos a interpretación en lo relativo al empleo público.
El Gobierno luego intentó corregirlos a través de varios reglamentos, pero más bien generó mayores contradicciones (ver recuadro).
Eso no solo conlleva un problema de aplicación de la norma, sino que podría implicar que al final la reforma no genere el tan esperado ahorro en materia de remuneraciones.
Por ese motivo El Diario del Pueblo conversó con un especialista en derecho público, quien prefirió el anonimato, pero está alertando sobre la situación.
Lo anterior pone en duda si el atraso en el pago de anualidades en el sector público obedece realmente a problemas para calibrar los sistemas informáticos de Hacienda y de la CCSS; o si por el contrario no hay claridad en cuánto a la aplicación de la Ley, dada su complejidad.
DIARIO EXTRA, tomando como ejemplo únicamente lo dispuesto para las anualidades, realizó una serie de cuadros comparativos en que se reflejan los cambios de criterio de la Administración en cuanto a cómo debía ser el manejo jurídico.
Consultado sobre el tema, Walter Rubén Hernández, asesor externo del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), calificó la Ley como entrar en el bosque sin una linterna.
Este concuerda en que tanto la norma como sus reglamentos tendrían problemas de interpretación, que finalmente solo podrían esclarecer los jueces laborales.
Una de las dudas es sobre qué base se aplicarán los ajustes del 1,4% al 2,4% en materia de anualidades. También hay confusión sobre la validez de algunos componentes expresados en porcentajes que había antes de que entrara a regir la Ley 9635.
En el caso específico de la salud, debe valorarse además el tema de la Ley de Incentivos Médicos, pues una posible discusión futura sería si se trata de una norma especial u ordinaria y eso abriría todo un marco de lucha.
OTROS SEÑALAMIENTOS
Anudado a lo anterior, la Contraloría General de la República advirtió recientemente que el proyecto de Ley que terminaría de dejar lista esta reforma de empleo público está lleno de omisiones, incongruencias, inconsistencias, incoherencias y falta de estudios técnicos que sustenten diferentes aspectos integrados en el planteamiento.
Según se desprende del oficio DJ-1110, elaborado por la Dirección Jurídica de la Contraloría, “el proyecto amerita ajustes y definiciones para lograr su finalidad en términos de una mayor unificación, simplificación y coherencia de la materia de empleo público, en correlación con los principios rectores de un sistema de función pública que responda a las necesidades de la Administración, fortalezca la gestión administrativa y el resguardo de la Hacienda Pública”.
“El proyecto formulado resulta insuficiente para superar la compleja ambivalencia y desarticulación que ha prevalecido en el conjunto normativo sobre la materia de empleo público en nuestro ordenamiento, por lo que se mantiene -sin la debida claridad- la configuración de un régimen jurídico en ese ámbito, con una regulación adecuada que sirva de base para la definición y resolución de los diversos elementos que involucra la relación jurídico-administrativa del Estado con sus servidores”, había señalado el ente contralor.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 09 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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