Martes 02, Julio 2024

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR

Sucesos

“Pifia” enreda a Conavi y constructora

Por aparente actuación contra hacienda pública en ruta 257, Limón

  • Solo en Conavi, la Fiscalía destinó más de 10 agentes para las revisiones

  • En Setena la policía judicial revisó a todos los empleados mientras abandonaban las instalaciones

  • Las oficinas de Conavi en Montes de Oca permanecieron cerradas este martes por los allanamientos

  • A los pocos metros de la entrada principal de Setena, a los coordinadores les tomaron datos antes de analizar expedientes

Una “pifia” de 80 metros en la carretera entre Moín y la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por APM Terminals, tiene bajo la lupa a tres instituciones gubernamentales y un consorcio privado, ya que el Poder Judicial les allanó sus oficinas para recolectar evidencia con el fin de esclarecer si se cometió un delito al pasar por alto ese inconveniente. 

Cerca de las 8:30 a.m. funcionarios de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público se presentaron a las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Consejo Nacional de Concesiones, ambos ubicados en Mercedes de Montes de Oca, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en Goicoechea y al Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas. 

En todos los puntos alrededor de 15 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hicieron un recorrido en los pasillos para revisar documentos y computadoras de los empleados para buscar información clave en el caso.

Debido a esto, a la mayoría de los colaboradores le dieron el día libre por orden de los agentes judiciales con la intención de agilizar la revisión, explicó Adriana Castillo, encargada de prensa de Conavi.

“Es un protocolo del OIJ para no entorpecer la investigación, ya que necesitan tener el espacio, documentos y computadoras libres para revisarlo, solo permanecieron los coordinadores para que, en caso de alguna apertura, ellos brindaran las contraseñas”, dijo. 

En la mayoría de los puntos, el proceso de revisión duró pocas horas, con excepción de Conavi que se extendió hasta altas horas de la noche. 

Fiscalía aclaró que en estas diligencias ninguna persona resultó detenida ya que aún no tienen definidos a imputados y todo el material que se decomisó lo enviaron al Departamento de Ingeniería Forense del OIJ.

 

LOS HECHOS

 

Este caso es públicamente conocido como “Pifia ruta 257”, ya que así le dicen popularmente a la carretera entre la terminal de contenedores y la Braulio Carrillo en Sandoval de Limón, que tiene una extensión de 2,9 kilómetros.

En datos suministrados por el Ministerio Público, el caso se remonta al año 2015 cuando se construyó este tramo con el propósito de ahorrarles tiempo a los camioneros en ingresar a la terminal para dejar o recoger mercadería.

El valor de las obras fue $71 millones (¢42.898.927.500), pero una serie de inconvenientes como una mala medición dieron como resultado un faltante de 80 metros para completar el acceso.

Por consecuencia el Gobierno pagó $14 millones extra para diseñar y construir esa distancia que no la tomaron en cuenta en el diseño original. 

A raíz de esto, las autoridades empezaron a investigar el asunto y atar cabos, por eso surgió la hipótesis de que desde su adjudicación se sabía este inconveniente de los 80 metros y afectaría las inversiones de la hacienda pública, por eso este martes el Poder Judicial efectuó los allanamientos para esclarecer la versión que se maneja. 

Detallaron que intervinieron las tres instituciones públicas porque se encargaron de la licitación y revisión de los diseños, mientras la empresa constructora efectuó las obras. 

Actualmente la obra tiene 6 meses de funcionamiento, pues desde junio de este año el Poder Ejecutivo le dio el banderazo de salida.

Si se comprueba el daño contra la hacienda pública, lo cual se contempla en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, los futuros imputados tendrían penas entre 2 y 8 años de prisión.

 

ANUENTES A COLABORAR 

 

De forma sorpresiva, el Conavi brindó declaraciones afuera de sus oficinas en Montes de Oca, al este de la capital, por medio de su vocera Adriana Castillo para aclarar lo ocurrido y expresar la colaboración que dará a la justicia. 

“El Conavi está anuente a ayudar para brindar información que el OIJ solicite, estamos en total apertura para que investigue todos los departamentos de la institución.

El proyecto de la ruta 257 ya fue inaugurado y se habló de una pifia, es un proyecto que cumple con todas las características, desconocemos los problemas y esperaremos la posición de la Fiscalía al respecto", recalcó.

PERIODISTA:

CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes, Randall Sandoval y Manuel Zamora, corresponsal

EMAIL:

Miércoles 28 Noviembre, 2018

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA