Marco Hernández Ávila, interventor titular del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), no impugnará ante la Sala Constitucional el artículo 1 del decreto legislativo aprobado en abril anterior que permite liquidar a los empleados de la entidad en función de su antigüedad laboral acumulada, es decir, sin tope, por considerar de que se trata de una indemnización.
Se trata del decreto legislativo denominado Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago bajo el número de ley 9.548. En el mismo se establece que a todos los funcionarios que a partir del 1 de enero del 2017 hayan finalizado su relación obrero-laboral con la entidad bancaria, ya sea acogiéndose a la movilidad laboral, traslados horizontales, renuncias y despidos con responsabilidad patronal, se les pagará una indemnización que es un tipo de cesantía por concepto de reestructuración, cierre, reorganización o transformación en función de su antigüedad.
Hernández realizó una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) en virtud de que dicha ley se aprobó y entró en vigencia antes de la resolución de la Sala Constitucional que anuló varios artículos de la convención colectiva de Bancrédito. Entre estos redujo de 20 a 12 salarios el pago de la cesantía, pero la norma que protege a estos empleados señala que se les indemnizará de acuerdo con su antigüedad.
Ante la consulta efectuada por DIARIO EXTRA sobre si presentará una acción de inconstitucionalidad para anular dicha posibilidad, respondió que “la Interventoría de Bancrédito no lo gestionará”.
“Es un asunto discrecional, no es obligatorio. Segundo, porque se ha considerado que la Ley 9.548 es de reciente aprobación y responde a un caso específico, a la situación particular del BCAC, del cual se ha declarado inviable, lo que significa que es insostenible financiera y operativamente en el corto plazo. En razón de ello, esa misma ley ha calificado ese beneficio como una indemnización a su personal, porque ineludiblemente, la totalidad de los funcionarios serán liquidados por las circunstancias del Banco”, respondió Hernández, vía correo electrónico.
La PGR en el dictamen C-158-2018, detalla que “tales beneficios podrían contravenir la posición que ha mantenido la Sala Constitucional sobre el pago de cesantía por renuncia y el de cesantía sin tope. Sin embargo, en virtud del control concentrado de constitucionalidad que rige en nuestro país, corresponde a la Sala Constitucional ₋y no a esta Procuraduría₋ decidir si el artículo 1° de la ley N° 9.548 es contrario (o no) a la Constitución.
Si el consultante estima que la disposición bajo análisis es contraria a la Constitución Política, y pretende que así se declare, debe plantear la acción respectiva ante la Sala Constitucional, que es el único órgano legitimado para anular, por razones de constitucionalidad, una norma jurídica”, se desprende del dictamen.
¢3.133 MILLS PARA 174 EMPLEADOS
El interventor sostuvo que en la actualidad laboran 174 funcionarios y que representará un pago de ¢3.133 millones, dineros según el funcionario tiene el banco para hacer frente a dicha responsabilidad.
“Se actuaría de forma equitativa con todo el personal, tanto con el que ya se ha prescindido como el que se liquidará, reconociéndoles a todos la totalidad de sus derechos laborales. Cuarto, se da certeza al personal actual de su situación, en beneficio del cuido del patrimonio actual del Banco. De lo contrario, se estaría propiciando que la totalidad del personal renuncie para cobrar sus derechos al amparo de esa ley, con lo cual, el patrimonio del Banco se estaría exponiendo de forma importante, causándole seguras pérdidas significativas, al no contarse con funcionarios para la debida administración y custodia de los activos”, aseveró Hernández.
El funcionario determinó que la interventoría se encargará de la liquidación total del personal, antes de que se concrete la fusión.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 04 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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