Algunos de los edificios del Ministerio de Hacienda podrían quedar desprotegidos debido a que la jerarca de la cartera, Rocío Aguilar, mandó a quitar el pago de horas extra a los oficiales de seguridad.
La medida afectaría especialmente a los inmuebles que se encuentran en el cantón central de San José, Barrio Don Bosco y Zapote.
Dina Víquez, directora administrativa y financiera del Ministerio de Hacienda, lanzó la advertencia a Aguilar, no obstante, la jerarca decidió continuar con la medida.
“Para poder atender lo instruido, la única opción viable será desatender siete puntos de seguridad en el Área Metropolitana, seleccionando aquellos cuya medida represente una menor probabilidad de materialización de riesgos, en cuanto a seguridad física de los colaboradores, activos e información”, detalla un oficio de inicios de julio del que este medio tiene copia.
Al parecer, la decisión se tomó para ir en línea con la directriz presidencial de reducir el gasto en el sector público. Sin embargo, en la misma nota se dice que están buscando generar un ahorro de ¢5 millones por mes.
La interrogante que surge es si al final no saldrá más caro el caldo que los huevos, pues la idea es que personal administrativo se encargue de atender los ingresos, una vez que el oficial haya concluido la jornada y luego el inmueble quedará a su suerte.
Entre los edificios que se verían afectados se encuentran la dirección de crédito público en la que hasta hace poco estaban las oficinas del Banco Mundial, el archivo donde se guardan facturas y papelería, y hasta el principal, pues se cerraría lo que se conoce el puesto de la rampa, que es justamente por donde suelen ingresar los ministros y viceministros de Hacienda, así como los invitados especiales.
Esto sin contar las estructuras que ya hoy en día se encuentran abandonadas, a pesar de ser activos del Estado, como es el caso de la antigua Dirección de Informática, que no tiene custodia del todo.
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO
DIARIO EXTRA pudo conversar con algunos oficiales de seguridad, que exigieron el anonimato por temor a represalias, quienes indicaron que el recorte los tomó por sorpresa, dado que el dinero para el pago de horas extra ya había quedado presupuestado desde el gobierno anterior.
Aseguran que, aunque la administración pueda estar en su derecho, no se hizo un estudio técnico para determinar el impacto social y por ende se estaría violentando el debido proceso.
Algunos de los trabajadores tienen hasta 10 años recibiendo el pago y el recorte de horario para muchos de ellos significa dejar de percibir hasta ¢200 mil por mes.
Se sienten desolados, pues no han logrado que la ministra de Hacienda les dé una audiencia. “Muchos de nosotros tenemos deudas adquiridas porque contábamos con ese ingreso, tenemos préstamos y tenemos familias”, señalaron.
Aseguran que quienes los han atendido en Hacienda, les dicen que si no les gusta la nueva medida, busquen otro trabajo, o se vayan a hacer Uber.
“El salario nuestro no llega en muchos casos a los ¢300 mil, para nosotros esto era un gran apoyo”, recalcaron.
Su mayor temor es que poco a poco, los vayan sustituyendo con guardas de seguridad privada, como ya se ha hecho en varias oficinas hacendarias.
“Lo que quiere la administración de Hacienda es ahorrarse el pago de cargas sociales”, replicaron.
AFECTACIÓN DE 45 FAMILIAS
El Periódico del Pueblo tiene copia de las cartas con las firmas de 45 oficiales de planta, quienes se encuentran en esta situación. Estos interpusieron recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la modificación de horarios.
Indican que aparte del tema salarial, no se estaría tomando en cuenta el derecho a un día libre por semana y para muchos los cambios implican no tener cómo devolverse a sus casas, debido a que a esas horas no hay posibilidades de transporte público.
Si bien, un grupo tiene moto o carro, Hacienda prohibió que puedan guardarlas en el parqueo general del Ministerio, aunque esté desocupado por las noches.
Denunciaron también que el Ministerio no está aplicando la rotación de personal, para que puedan trasladarse por cierto tiempo a las fronteras o aduanas a trabajar, lugares en los que no se recortaron las horas extra.
“Todo esto es evidencia de la clara discriminación que hay hacia los agentes de seguridad del Área Metropolitana. No se contemplaron los factores psicológicos, morales, emocionales y económicos de cada uno”, señalaron.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
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Viernes 03 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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