El Ministerio Público solicitó este viernes a la Sala III iniciar el proceso para levantar la inmunidad al diputado Giovanni Gómez del Partido Restauración Nacional (PRN). Así lo confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía General, tras una consulta de DIARIO EXTRA.
“La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, confirmó que hoy solicitará el expediente acusado del señor diputado Gómez Obando con el objetivo de enviarlo a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para hacer el trámite del levantamiento de la inmunidad”, indicó este viernes la oficina de prensa del Ministerio Público.
Como ocurrió en el caso del levantamiento del fuero al exmagistrado Celso Gamboa, los miembros de la Sala III deberán enviar la recomendación a la Corte Plena y los magistrados luego la remitirán a la Asamblea Legislativa.
La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, deberá conformar una comisión especial que analice el expediente y determine una nueva recomendación solicitando o no remover la inmunidad al legislador.
Finalmente, en el Plenario, en una votación que según el reglamento debería ser privada (aunque por una moción podrían volverla pública), si se diera un resultado de mayoría con 38 diputados a favor, Gómez perdería su inmunidad y le correspondería enfrentar el juicio.
JUICIO MEDIÁTICO
Aunque el diputado no respondió las llamadas a su celular, horas más tarde, mediante un comunicado, aclaró que “valorará” solicitar que se le levante el fuero, calificó la denuncia como falsa y argumentó ser víctima de un juicio mediático.
“Nunca he evadido mi responsabilidad en nada y aunque se trate de una tala de dos árboles en un asunto que ni siquiera estoy implicado directamente, voy a conversar con mis compañeros diputados y diputadas para evaluar los pasos por seguir”, manifestó en el comunicado.
“Aunque soy víctima de una persecución y esta es una acusación falsa, hay que dar el ejemplo y valoraré con la fracción el levantamiento de mi inmunidad. Los costarricenses deben tener claro que Giovanni Gómez no ha cometido ningún delito, pero se están aprovechando de mi condición para hacer un escándalo mediático”, agregó.
HECHOS
Al imputado lo acusó el 7 de enero de 2015 la Fiscalía Adjunta de Limón por el delito de tala ilegal y solicitó que el caso se elevara a juicio, por cortar seis árboles de laurel y cedro dentro de una propiedad privada.
De acuerdo con el sitio AmeliaRueda.com, los hechos ocurrieron en 2013 y el debate penal debió iniciar el pasado 17 de abril en el Juzgado Penal de Limón, pero Gómez se declaró enfermo.
Sobre este detalle, el diputado insiste que lo sometieron a un trasplante de riñón y no podía faltar a la cita.
Ofreció copia de la epicrisis que al parecer confirma su versión y afirma que debe presentarse cada cuatro meses a una valoración por el tratamiento que recibe.
La nueva fecha para afrontar a la justicia se pactó entonces para el 30 de abril, pero el legislador alegó que era diputado electo y que ese día debía recibir la nueva oficina en el Congreso, de modo que tampoco asistió.
DEBE RENUNCIAR A INMUNIDAD
El jefe de bancada del Restauración, Carlos Avendaño, quien dijo que no existe aún una posición formal de la fracción sobre el tema, y esperarán al lunes para tomar un acuerdo.
“A mi criterio, en una situación así lo que procedería es que la persona solicite al Directorio levantar su inmunidad, pero esto no es una posición de fracción, eso es mi criterio”, indicó.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo acotó por medio de su jefe de prensa que será respetuosa de las solicitudes de otros Poderes de la República.
“Somos respetuosos de los procesos y los procedimientos de los otros Supremos Poderes de la República, tanto en este como en otros casos, que tengan relación con la Asamblea Legislativa”, externó.
La solicitud de la fiscala Navas surge días después de que los diputados aprobaran una reforma constitucional para que aquellos que cometan faltas a la probidad pierdan sus credenciales.
Pena de 3 años
El congresista, de ser encontrado culpable, se expone a una pena de entre 1 mes y 3 años de cárcel, según lo indica el artículo 16 de la Ley Forestal, aunque no iría a prisión porque así lo contempla el Código Penal, debido a la extensión de años a purgar.
Por este delito puede acusarse “A quien aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado".
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
EMAIL: [email protected]
Sábado 19 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA