El ciclista internacional Andrey Amador perdió un millonario pleito que surgió por alquilar a turistas un condominio que le pertenece, por medio de la aplicación Airbnb.
La resolución surgió tras un arbitraje efectuado por la Cámara de Comercio que fue dada a conocer el lunes 11 de setiembre, lo cual pone en jaque a los dueños de condominios que arriendan sus apartamentos como si se tratara de hoteles, utilizando la herramienta tecnológica, cuando existe una clara definición de la naturaleza de uso de esa finca filial.
Así lo explicó a DIARIO EXTRA el abogado y condómino de los condominios Torres Paseo Colón, Douglas Alvarado Castro, quien interpuso la denuncia ante la administración del inmueble por el uso inadecuado que se estaba dando a dos apartamentos pertenecientes al ciclista Andrey Amador y su madre Raisa Bikkazakova.
El ciclista dio su opinión a El Periódico de más Venta en Costa Rica tras conocer la resolución que obligaría a su familia a pagar los costos del arbitraje y los honorarios del abogado por un monto superior a los ¢11 millones.
“Bueno ya está!!! Eso es una cosa de más, ahora estoy concentrado en mi profesión en lo próximo que viene de mi calendario y que seré padre de familia”, afirmó vía WhatsApp.
REGLAS
Según Alvarado, cuando se construye un condominio como este se define su naturaleza, donde hay fincas comerciales (oficinas o comercios) y residenciales (habitaciones). Si la persona es dueña de una oficina no puede vivir en ella, algo que los dueños o condóminos tienen muy claro, ya que así lo establece el reglamento.
“Las sociedades del señor Amador y su familia (Facochop Cinco Mil S.A. y Lozas Esmaltadas S.A.) son dueñas de dos apartamentos, el problema es que comenzaron a arrendar las habitaciones con fines turísticos utilizando páginas y aplicaciones como Airbnb y otros sitios web, que a nuestro criterio esta mecánica vulnera los controles de seguridad del edificio porque están entrando personas que no son identificables”, explicó Alvarado.
RIESGO
Las personas que deciden vivir en un condominio deben aceptar una serie de reglas a cambio del elemento seguridad, donde el acceso sea controlado y no ingrese cualquier persona.
“Lo que se busca es evitar que alguna persona que pueda poner en riesgo a las personas o sus pertenencias ingresen al condominio, pero si entonces tenemos a turistas de corto plazo entrando y saliendo que no sabemos cuáles son sus costumbres, no sabemos si tienen problemas de delincuencia o uso de drogas prohibidas, eso generaba una vulnerabilidad al sistema de seguridad del condominio”, agregó.
El denunciante indicó que ante este riesgo presentó una denuncia a la administración para que se hiciera cumplir el reglamento.
A pesar de que se le pidió a la familia Amador que cesara la actividad, esta alegó que tenía el derecho a hacerlo, pero el arbitraje de la Cámara de Comercio terminó con la disputa al resolver el tema a favor de lo que solicitó la administración del condominio.
CAMBIO DE USO
El arbitraje determina que se realizó un “cambio de uso” de los apartamentos, contrario a las reglas que establece el condominio, lo que se consideró una actividad ilícita.
Desde 2015 se trató de negociar en varias reuniones con la familia Amador, se le dijo que si quería alquilar podía hacerlo, pero por tres años, como lo indican los reglamentos, sin embargo no hubo respuesta positiva.
Tras la resolución deben esperar a que la familia Amador decida si quiere apelar. Si bien este trámite no revisa el fondo de lo decidido por el juez, sí analiza si se incurrió en alguna nulidad procesal, es decir errores en el procedimiento arbitral.
Además deberá asumir los costos del arbitraje, que suman ¢2.929.000, y las costas del abogado, que ascienden a ¢8.762.850.
PRECEDENTE
“Definitivamente se sienta un precedente y un condominio logra frenar la actividad de Airbnb, lo que tiene muy preocupados a muchos otros condominios”, expresó Alvarado.
No obstante, este precedente no crea una jurisprudencia para todo tipo de condominios sino en aquellos como Torres Paseo Colón, que tienen una definición muy clara de la naturaleza de la finca filial.
“Por ejemplo, en Jacó hay condominios de naturaleza mixta (residencial-turística) donde la gente puede vivir, pero expresamente se sabe que los condominios se pueden dedicar a actividad turística”, finalizó.
EVADEN IMPUESTOS
En junio DIARIO EXTRA dio a conocer cómo estas actividades emigraron de las playas a la capital en varios condominios, donde se cobran entre ¢35 mil y ¢70 mil por noche.
El problema es que la actividad evade el pago de impuestos.
En su momento Carlos Angulo, experto en derecho inmobiliario, detalló que la persona que se aloja por un día, un par de noches o una temporada debe pagar el impuesto de ventas, según establece la ley contra el fraude fiscal.
En cuanto a renta, el impuesto lo debe pagar, no el que se hospeda sino el propietario del inmueble, y debe hacerlo porque está ejerciendo una actividad comercial.
Cámaras afines a este tema estudian la posibilidad de presentar un proyecto de ley a la corriente legislativa para que páginas como Homeway, Expidia, Booking y Airbnb se conviertan en recaudadores.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Miércoles 13 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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