Mediante facturas por servicios de reparaciones a motocicletas que en realidad nunca se llevaron a cabo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga la desaparición de ¢30 millones de las arcas Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT).
El hecho fue reportado y mediante una investigación realizada por la auditoría interna se determinó que se encontraban ante un “chorizo”, en el que se ven involucrados cuatro funcionarios.
Así lo explicó Sonia Monge, subdirectora general de dicho cuerpo policial que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien fue clara en que toda la información fue otorgada al OIJ.
“Se detectó hace casi cuatro meses una situación por la que se abrió un proceso interno para verificar si había una anomalía, se da la información a auditoría y al OIJ para que hicieran la investigación más en firme y pertinente”, señaló.
Según explicó Monge, se habían presentado aparentes reparaciones de motocicletas que realmente nunca se dieron, ni existieron tampoco, por lo que al notar lo sucedido la Dirección tomó cartas en el asunto.
La Subdirectora de Tránsito comentó que fue mediante una conversación con uno de los oficiales que determinaron que algo extraño estaba sucediendo, lo que los llevó a sospechar de la supuesta estafa.
“Se le consulta a un oficial que cómo le había quedado la moto y este nos dice que no sabe de qué se le habla, que a la motocicleta de él no se le había hecho ningún tipo de reparación”, manifestó.
Tras las averiguaciones y recomendaciones de auditoría interna, se presentó la denuncia ante las autoridades el 10 de agosto de este año, bajo el expediente número 17-021346-042-PE.
El caso es manejado por la Sección de Fraudes del OIJ, departamento que informó que actualmente se encuentran investigando lo sucedido y que por eso no se dará ninguna declaración al respecto.
De acuerdo con el informe de auditoría del 30 de agosto, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, se identificó a cuatro funcionarios como responsables, estos de apellidos Arroyo Álvarez, Gamboa Ramírez, Morera Vásquez y Villagra Amador.
Además de esto, se mantiene la hipótesis de que un taller mecánico, que era contratado por el Ministerio para las reparaciones de dichos vehículos, podría estar involucrado en la millonaria estafa.
JERARCAS SALIERON RASCANDO
Entre las recomendaciones de auditoría interna no solo se hace mención a que se realicen procesos disciplinarios contra los presuntos responsables, sino también contra la alta jerarquía de la Policía de Tránsito.
En el caso de Mario Calderón, director del cuerpo policial, se le sanciona según el texto por “supuestamente incumplir con sus deberes de supervisión de labores de sus subalternos”.
Mientras que al respecto de Monge, su proceso sería por “supuesto incumplimiento con los deberes de su puesto, en cuanto al trámite para el pago de facturas por concepto de reparación de motocicletas mediante fondos de la caja chica”.
Aún no se descarta que durante la investigación se puedan descubrir más implicados o bien que el monto de lo robado a las arcas de la Policía de Tránsito pueda ser mucho mayor de lo que se cree
