Alarmados por la intención de un grupo de diputados de impulsar un nuevo proyecto de ley para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial, los gremios de la entidad convocan un paro para el lunes 3 de abril con el fin de manifestarse y encarar a los legisladores.
Este viernes, todos los grupos sindicales de la Corte mantuvieron reuniones para organizarse y convocar en la sede central de San José a representantes de todo el país a partir del mediodía del lunes.
Así lo confirmó a DIARIO EXTRA Randall Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales, y Adriana Orocú, jerarca de la Asociación Costarricense de la Judicatura, quienes indicaron que existe un acuerdo de los 24 gremios del Poder Judicial para este movimiento.
“Acordamos un paro general para este lunes, la idea es movilizar a representantes de todo el país y ubicarnos entre las 11 y las 12 mediodía en la Plaza de la Justicia en la Corte, para luego tipo 2:30 de la tarde, marchar hasta la Asamblea Legislativa y estar presentes en la sesión que arranca a las 3 p.m.”, expresó Segura.
Orocú comentó que esperan la presencia de entre 2.000 y 3.000 funcionarios, y también pensionados del régimen.
“Todos los gremios están representados en esta lucha, medicina forense, salud, patólogos, fiscalía, defensa pública, policías judiciales, los médicos, juzgados, los jueces y juezas, es un paro para poder defender los derechos de la mayoría”, aseguró.
TRAICIONADOS
Los funcionarios judiciales representados por los gremios aseguran sentirse traicionados por los congresistas que integran la Comisión Especial de Pensiones, foro donde se analiza una reforma el régimen de jubilación del Poder Judicial, ya que el pasado jueves acogieron una moción para introducir un texto sustitutivo como proyecto, que fue construido con asesoría de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Con esta decisión se desechó otro texto que se estaba trabajando y fue presentado por los gremios.
Pero, además, Segura afirma que existía un acuerdo con dicha comisión legislativa para no avanzar en ningún proyecto sin antes conocer los resultados del nuevo estudio actuarial que la Corte contrató a los especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Esa misma queja la manifestó el Sindicato del Poder Judicial (Anejud), que señaló que ese fue el acuerdo que en su momento se tuvo con el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, hoy precandidato del Partido Liberación Nacional.
“Desde ya hacemos responsables a los diputados traidores de lo que pueda ocurrir”, afirma el comunicado de Anejud.
POCO TIEMPO
Entre los argumentos de los parlamentarios está que ellos trabajan contra el tiempo, ya que dicha comisión tiene un plazo que se vence el 5 de abril, ya que a esta reforma se le aplicó una moción de “208 bis”, que en el reglamento legislativo se conoce como “vía rápida” y por lo tanto tiene lapsos definidos para su votación.
La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien integra la comisión, ha sido enfática en que la UCR ha tenido un atraso significativo para presentar el estudio completo.
Ya que en un principio se dijo que estaría listo en enero y ahora se dio una nueva fecha para junio.
“Tanto la Corte como la UCR nos habían dicho que iban a tener completos los estudios que ellos insisten eran vitales, pero incluso a la comisión se le amplió el plazo, que vence ahora el 5 de abril, y a hoy no tenemos respuesta”, comentó Guerrero.
La legisladora cree que existe un problema de comunicación y de contradicción y que el Congreso ha respetado los periodos.
Además, manifiesta que los estudios darían precisión, pero el tema de sostenibilidad del régimen no va a variar.
Por ello, acogieron la propuesta de la Supen, que ya incluye los dos primeros criterios de la UCR, junto a los resultados de otro informe del 2012.
“Una razón de peso para acoger este proyecto es que se está señalando que los trabajadores del Poder Judicial podrían dejar de percibir la pensión que se les ha prometido, pensión que fue amenazada por malas decisiones, como por ejemplo jubilar funcionarios que no cumplían la edad total laboral (30 años) y otros requisitos, lo que hace la Asamblea Legislativa es una acción responsable”, insistió.
La propuesta incluye una jubilación para todos los empleados a los 65 años, establece un tope de 10 salarios a los pensionados, calculado según el sueldo más bajo de la Corte, es decir poco más de ¢3,9 millones y que a todo pensionado actual y futuro de la Corte se le rebaje un 30% de su jubilación que contribuiría a financiar el régimen.
“Es un proyecto pernicioso para los empleados judiciales, no contempla, por ejemplo, el desgaste de la policía, obliga a todos a pensionarse a los 65, y obvia el estudio de la UCR y la iniciativa nuestra”, insistió Randall Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales.
La presión de los funcionarios judiciales en la sesión del Plenario el lunes es para evitar que se amplíe el plazo a la comisión y con ello obligar a archivar el proyecto de la Supen.
A esto se suma un recurso de amparo interpuesto el jueves anterior donde se pide la nulidad de lo actuado por la comisión al acoger el proyecto.
¿OFICINAS CERRADAS?
Si bien, los gremios del Poder Judicial anuncian un paro general para este lunes 3 de abril, ello no significa un cierre de oficinas o una afectación total de los servicios. Así lo indicó Carlos Montero Zúñiga, representante de los trabajadores en el Consejo Superior, que es el máximo órgano administrativo del Poder Judicial.
“Hay un respeto por los derechos gremiales, pero con un llamado para no afectar los servicios públicos”, dijo. Se espera la participación de hasta 3.000 funcionarios, que se trasladarán de todas las oficinas del Poder Judicial del país, por lo que los gremios creen que algunos servicios sí tendrán afectación.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 01 Abril, 2017
HORA: 12:00 AM
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