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Sucesos

C.R. daría visa humanitaria por seis meses a refugiados

Tienen como objetivo un tercer país

  • Carlos Maldonado, director de la Acnur; Roeland De Wilde, jefe de Misión de la OIM en Costa Rica; y Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, anunciaron el proyecto (Foto: Casa Presidencial)

  • El presidente Luis Guillermo Solís participó en la reunión donde se expuso el proyecto, que arrancaría antes de que finalice 2016

Funcionarios del Gobierno de la República y personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) llegaron a un acuerdo para dar refugio temporal a al menos 200 refugiados, que podrán estar en suelo nacional por un máximo de seis meses, para luego ser trasladados a un tercer país que los recibirá de manera definitiva.

“Estas personas serán procesadas bajo los criterios internacionales de la Acnur, como agencia de las Naciones Unidas relevante para termas de refugio, y serán acompañadas por la Organización Internacional para las Migraciones en el proceso de traslado internacional, lo que es su especialidad.

Reafirmamos el compromiso con los derechos humanos y con el refugio como una institución internacional diseñada para proteger la vida y la condición humana de las personas que se sienten amenazadas en determinado momento de su vida”, declaró el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

El convenio está en proceso y no se dio a conocer una fecha específica sobre cuándo se iniciaría oficialmente el proyecto, lo que sí indicaron es que sería antes de que finalice 2016 y que los aplicantes deben pasar por un proceso y ser calificados por la Acnur.

“Es un acuerdo que pretende facilitar el procesamiento para el reasentamiento en un tercer país, tal vez algunos de ellos necesitados de protección, estarán como máximo por seis meses en el país con la visa humanitaria, mientras se procesan los casos.

Durante esta estadía el Acnur costeará todos los gastos en que se tenga que incurrir, las personas estarán sometidas a proceso de información cultural del país al que van a llegar”, explicó Carlos Maldonado, director para Costa Rica de la Acnur. 

Mientras los extranjeros estén en suelo costarricense vivirán en casas de personas que los acogerán y no en albergues, y cumplidos los seis meses, cuando debería estar completo el proceso en el país que los recibirá definitivamente, deben abandonar Costa Rica. 

Insistió en que el máximo de emigrantes temporales serán 200 y conforme algunos van abandonando el país otros van ingresando, pero que nunca se superará esa cifra. 

“Son personas que serán identificadas, como se ha dicho anteriormente, que por su perfil requieren ir a un tercer país. Habrá unos filtros de seguridad que se establecen en todos estos mecanismos y una serie de criterios que tienen que reunir para poder caer bajo los términos de la convención de los refugiados”, agregó.

Incluso parte del convenio señala que el Gobierno de Costa Rica se reserva el derecho a pedir más información en caso de que queden dudas sobre las personas que estarían en el proceso temporal de protección.

La mayoría de los refugiados estarían en Costa Rica y tras finalizar el periodo tendrían como objetivo final los Estados Unidos, aunque existen otras opciones para estas personas como Canadá, Suecia y otros países europeos. 

Los extranjeros que están en Costa Rica no podrían optar para participar en este programa, ya que el convenio está dirigido a ciudadanos del Triángulo del Norte, y por el perfil de las personas no se esperaría que pretendan quedarse aquí.

 

PREOCUPACIÓN

 

En la reunión con los representantes del Acnur participaron el presidente Luis Guillermo Solís; el embajador de los Estados Unidos, Fitzgerald Haney; el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica, Roeland De Wilde; el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, y algunos diputados. 

Edgardo Araya, legislador del Frente Amplio, mostró su preocupación por la probabilidad de que una persona no sea aceptada por los Estados Unidos, pese a ello reconoció la importancia de que existan otros países donde puedan recibirla. 

“Es importante destacar que nuestro país sería una especie de sala de espera segura para personas que por su oficio o forma de vida son amenazadas ellos y sus familias, por ejemplo jueces amenazados por la narcomafia, dirigentes, ecologistas. La idea es que mientras se le termina de definir su situación en el tercer país que los va a recibir de manera definitiva estarían acá de manera segura. La idea es que no los maten en el país de origen”, agregó Araya.

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Miércoles 27 Julio, 2016

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