Sobre las consecuencias de la "Ley Contra el Fraude Fiscal"

Opinión.

Esta semana se anunció en la Asamblea Legislativa la aplicación de la “vía rápida” para aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”. Este seductor nombre hace casi imposible oponerse a la propuesta en virtud que nadie, en su sano sentido democrático, social y jurídico, podría estar en contra de combatir el fraude fiscal. Sin embargo, cuando se estudia con detalle el proyecto, se puede denotar que en su esencia la normativa busca otorgar facultades exorbitantes a la Administración Tributaria en detrimento de los derechos de los ciudadanos, de los contribuyentes.

Para comprender adecuadamente la naturaleza de esta propuesta de ley, debemos diferenciar entre normas tributarias formales y materiales. Las normas formales son de carácter instrumental y constituyen un medio para el debido cumplimiento de las normas materiales, que se refieren precisamente a las leyes donde se establecen los tributos que debemos pagar de forma obligatoria. Por ejemplo, la Ley de Impuesto sobre la Renta es una ley material que crea la obligación de pagar al Estado parte de los ingresos económicos que como ciudadanos generamos. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios es la norma formal que le permite a la Administración fiscalizar mi actividad económica para comprobar si estoy cumpliendo correctamente con dicho impuesto sobre la renta.

Entonces, debemos tener claro que en la relación entre contribuyentes y Estado (relación tributaria) la parte fuerte siempre será el Estado. Por ende, aquellos proyectos de ley formal que buscan aumentar los poderes de la Administración Tributaria deben ser revisados con lupa por parte de los legisladores, ya que por el contexto en el que vivimos, se corre el grave riesgo de aprobar leyes que al final del día terminan por afectar a la ciudadanía en general.

Las Autoridades Públicas (incluidos los diputados) deben considerar que no todos los contribuyentes son evasores de impuestos y que la lucha contra el fraude fiscal no se gana otorgando poderes desmedidos a la Administración Tributaria. La promoción de la educación fiscal y la consolidación de una cultura tributaria son armas más efectivas.

Los derechos y garantías de los contribuyentes son esenciales, ya que en ellos se manifiestan los valores del Estado Social de Derecho en el que se fundamenta la organización política, económica y social del país.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 11 Julio, 2016

HORA: 03:37 PM

CRÉDITOS: Marcelo Guevara, Consultor Senior de Impuestos de Deloitte