La Sala Constitucional freno un desalojo contra una mujer de 79 años, pensionada del régimen no contributivo de la Caja, que vive con sus dos hijos, ambos con retardo mental.
Esto luego de que la mujer acudiera a esta instancia porque el Ministerio de Salud le declaró inhabitable su casa y ordenó el desalojo, pese a que no posee recursos económicos para construir una vivienda nueva, lo que provocaría que ella y sus hijos queden en estado de indigencia.
El fallo de los magistrados que declararon con lugar el recurso de amparo ordena al Director Regional de la Rectoría de la Salud Central Sur y a la Directora del Área Rectora de Salud de Santa Ana a mantener la suspensión de la orden sanitaria en la que se ordenó el desalojo contra la amparada.
Esto mientras se coordina con las demás entidades competentes – sea Municipalidad de Santa Ana, Banhvi e Imas – bajo la dirección del CONAPAM, una solución definitiva (y mientras tanto una solución temporal) a la situación de vivienda que presenta la amparada, con las recomendaciones del informe social realizado por el CONAPAM. Esta solución deberá ejecutarse en el plazo máximo de tres meses calendario, contando a partir de la notificación de esta resolución.
“La normativa nacional e internacional, además de la Jurisprudencia Constitucional hace referencia a la especial protección que demandan los adultos mayores para disfrutar de una vivienda adecuada y tener prioridad en la asignación respectiva. Además, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor obliga a las entidades públicas a garantizar, a este sector de la población, una vida digna en todos sus ámbitos, así como su efectiva protección frente a cualquier riesgo”, indica la sentencia.
