Pese a que este año el país cumple 8 años del rompimiento del monopolio en telecomunicaciones, las instituciones del Estado siguen contratando solo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los servicios de internet, telefonía móvil y enlaces de datos y no fijan la mirada hacia la competencia, aspecto que fue denunciado por la Cámara de Infocumunicación y Tecnología (Infocom).
Uno de los problemas radica, según indicó Óscar Barahona, presidente de Infocom, en que las entidades del Estado -ministerios, entidades autónomas y semiautónomas- suscriben contratos con la operadora de telecomunicaciones estatal por tiempo indefinido, lo cual constituiría una resistencia al proceso de apertura del sector, que tiene más operadores y proveedores.
A criterio de Barahona, dicha práctica constituye una costumbre que se debe eliminar, pues sostuvo que con la posición actual el Estado está desaprovechando los beneficios de la apertura en telecomunicaciones, al tiempo que recalcó que se debe realizar contrataciones por tiempo definido en que participen las empresas interesadas y si la que queda es la empresa estatal fue porque cumplió con los requerimientos solicitados.
“En el proceso que se ha ido consolidando a mediados del 2013 un operador le hizo una consulta a la Contraloría del porqué los entes estatales le compraban los servicios a un solo proveedor estatal y la Contraloría se pronuncia en el sentido de que en todos los procesos de contrataciones debe haber un concurso y apertura”, reafirmó Barahona quien agregó que el pronunciamiento fue remitido al Ministerio de Hacienda para que tomara las cartas en el asunto.
Barahona manifestó que la crítica que se hace no es contra nadie sino en pro de la consolidación del modelo de competencia.
Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom, manifestó que el Ministerio de Hacienda giró una directriz a las entidades públicas, el 25 de agosto del 2015, a las cuales se les especificaba, entre otras cosas, que las contrataciones de servicios no deben ser a plazos indefinidos sino que deberán establecer una plazo de vigencia.
Sobre el particular sostuvo que, ante la falta de claridad en cuando al tiempo de vigencia por parte del Ministerio de Hacienda, Infocom envió una misiva a ese ministerio solicitando que se especifiquen los alcances de la directriz y se pide que se le indique a las entidades que el periodo de contratación deberá rondar entre los 2 años a un máximo de 4 años.
“Estos contratos siguen teniendo una falta de justificación y no hay una evaluación de que si el proveedor está dando los mejores servicios en términos de eficiencia y de eficacia, por lo que vemos que hay contratos por tiempos indefinidos en que no se están revisando, periódicamente, las condiciones de los servicios de telecomunicaciones que el Estado como usuario tiene derecho de monitorear y revisar para garantizarse que está recibiendo el mejor servicio”, afirmó Ramírez.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Viernes 12 Febrero, 2016
HORA: 12:00 AM