El subgerente del Banco de Costa Rica (BCR), de apellido Quesada, solicitó la suspensión de la abogada de la Gerencia de Seguridad en la institución, luego de que DIARIO EXTRA diera a conocer sobre el vínculo de la mujer con un giro de dinero ilícito, que fue recibido por parte de su pareja sentimental.
En el documento, del cual este medio tiene copia, también se explica que el banco pasa “uno de sus peores momentos” y según el propio funcionario de alta jerarquía, existe actualmente un caos, pero eso no es todo, pues indica que varios de los altos mandos no poseen título académico para ostentar el puesto que ocupan.
“... que algunos funcionarios de altos mandos puedan ocupar puestos gerenciales sin ostentar títulos académicos, y más aún, sin estar incorporados al colegio respectivo”, relata el escrito.
La carta fue remitida al gerente del BCR, Mario Barrenechea, y señala que la suspensión debe realizarse con el fin de investigar los verdaderos hechos por los cuales aparece el nombre de la mujer en el protocolo.
“...Es sumamente relevante investigar exactamente a partir del momento de que entraron estos fondos, de tal forma, que se determine en cuáles cuentas ingresaron y los nombres de los funcionarios involucrados en las transacciones, con el fin de validar si se cumplieron las normas de seguridad para verificar la sana procedencia y licitud de estos dineros y a partir de ahí qué intervención pudo tener no solo la Gerencia de Seguridad sino directamente la Licda. Alfaro”, manifiesta la carta, que fue recibida en la institución.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica logró comunicarse con el subgerente del banco a fin de preguntarle cómo se llevará a cabo el proceso, sin embargo Quesada manifestó que no podía dar declaraciones y nos remitió con su abogado José Pablo Badilla, quien añadió que todo se llevó a cabo con el objetivo de darle transparencia al banco.
“...En relación con ese documento que usted nos muestra, responde a una denuncia que hace don Guillermo Quesada, que frente a un interés difuso que tiene, en calidad de subgerente del banco solicita saber cómo es que aparecen esos dineros en el banco, y del porqué la firma de la licenciada Alfaro en los escritos adjuntos al proceso judicial, además aprovecha don Guillermo que ya es hora de que el banco comience a investigar algunas otras irregularidades, entre ellas que el gerente Mario Barrenechea no tiene preparación académica, o que hay vínculos familiares en la junta directiva del banco”, acotó Badilla.
BANCO HUYE A CUESTIONAMIENTOS
El Periódico del Pueblo intentó conversar con Paola Mora, presidenta del BCR, pero no atendió las llamadas que se le hicieron.
Por medio de un correo electrónico, la oficina de prensa del banco manifestó que “en relación con la petición de suspender a la Licda. Monserrat Alfaro que se fundamenta en la noticia publicada por el Diario La Extra, la misma fue recibida el día 8 del mes en curso y se encuentra en estudio en la Gerencia General y será oportunamente respondida a su remitente dentro del plazo de ley".
La abogada de Seguridad del banco, de apellido Alfaro, aparece como propietaria de un lote ubicado en Goicoechea, el cual fue hipotecado con dinero ilegal, obtenido por su pareja por medio de un sujeto acusado de legitimación de capitales y condenado a dos años de cárcel por el delito de explotación a persona adulta mayor en perjuicio de su padre.
Miguel Gerardo Muñoz Nanne despojó a su papá de ¢1.750 millones por medio de dos certificaciones de la empresa Muñoz & Nanne.
Más de ¢530 millones fueron prestados por Muñoz a amigos suyos con ayuda notarial de Argeñal Castro, esposo de Alfaro, el resto del dinero entró en una cuenta del BCR en 2013, justo después de que la abogada del banco y su pareja recibieran ¢40 millones de Gerardo Muñoz Nanne, hipotecando un lote de la funcionaria bancaria.
NO PAGARON A NOTARIO PARA LA HIPOTECA
El protocolo que permitió a un defensor público obtener dinero de una hipoteca ilícita por parte de un sujeto acusado de legitimación de capitales, quedó sin pagar al notario que levantó el documento.
Así lo confirmó el mismo abogado a DIARIO EXTRA, quien agregó que jamás supo que la plata que se giraba en el proceso era de origen ilegal, a su vez, reprochó que en todo momento el defensor público le vendió otra idea de lo que estaba haciendo.
El abogado de la Defensa Pública del Poder Judicial, René Argeñal Castro, aparece como deudor en un documento de protocolo elaborado por un colega de nombre Joseph Rivera, con el cual Argeñal obtuvo una suma de aproximadamente ¢40 millones por parte de un hombre acusado de explotación a persona adulta mayor: Miguel Gerardo Muñoz Nanne.
Rivera conversó con el Periódico de Más Venta en Costa Rica y afirmó que jamás recibió el pago de los ¢500 mil que por honorarios estipulados debía obtener como pago.
Manifestó también que el proceso en determinado momento le pareció extraño, no obstante Argeñal le dijo que tenía problemas financieros, por lo que le pedía que esperara un poco más para desembolsarle, pues debía cancelar unas deudas primero.
