Tras ventilarse los casos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en los que se disponía de fondos públicos para la realización de fiestas de fin de año, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís,emitió una directriz en la que prohibió costear actividades recreativas o festivas de sus servidores de las instituciones del Estado con dichos recursos.
La Directriz ordenó a las instituciones de la Administración Central, sin excepción, no usar fondos públicos para sufragar actividades festivas, y se instruyó a las entidades de la administración descentralizada para que apliquen una limitación similar.
La directriz advierte que en las instituciones donde exista una convención colectiva que imponga a la administración el deber de pagar este tipo de actividades, se instruye a los jerarcas para que denuncien la respectiva cláusula y para que empleen los medios jurisdiccionales disponibles para su anulación.
