La Unión de Taxistas Costarricenses presentó el primer recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que ordene cerrar la aplicación de Uber, la cual tiene dos meses de funcionar en el país.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó que solo existe este amparo número 15-15324, el cual se encuentra en etapa de admisibilidad. Asimismo estudia una acción de inconstitucionalidad presentada por Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario contra la Ley 8.955 y la reforma a la 3.284 del Código de Comercio.
Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, fue enfático al decir que no es posible que en otros países se ha prohibido y se haya ordenado el cierre de la plataforma y aquí no se haga.
“El gobierno nos apoya de la boca para afuera, solamente ha aplicado dos multas de tránsito y el señor Presidente podría ordenar que se cierre la aplicación, por eso recurrimos a la Sala IV”, comentó Vargas.
El recurso no solo fue presentado contra la empresa Uber, sino también contra el presidente Luis Guillermo Solís, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, y el Consejo de Transporte Público (CTP).
El gremio solicita a la Sala Constitucional aplicar las sanciones a las acciones indebidas de Uber y se disponga una restricción o salida del mercado, sobre todo en aplicaciones o Internet, el cual utiliza como medio para operar ilegalmente.
Los taxistas alegan que durante los últimos años se han viso afectos por los prestatarios informales del servicio, los cuales han crecido debido a la tolerancia del Estado.
“Por la afectación de piratas hemos tenido que hacer protestas para que haya regulación y sanciones por la competencia ilegal con el servicio público de taxis”, comentó Vargas.
El afectado agregó que Uber se cobija en una definición de “Comunidad de autoconsumo o autoabastecimiento”, sin embargo actúa al margen de la Ley, ya que no tiene la autorización del CTP para operar en el país.
Desde hace dos meses, el gobierno ha mantenido la posición de que la prestación que brinda Uber es ilegal, ya que no cuenta con los permisos para un servicio remunerado del transporte de personas. Sin embargo, la Policía de Tránsito tiene problemas para detectar y multar a los choferes Uber.
La dirección jurídica del CTP dio a conocer que el servicio que brinda Uber opera sin el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
