Costa Rica es la democracia más antigua del continente, hemos sido reconocidos en el mundo por una historia de paz y respeto a los derechos humanos, sin embargo en la 71 sesión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Charlestone, Carolina del Sur, Estados Unidos, quedaron en evidencia hechos que violentan la libertad de prensa y expresión, los cuales menoscaban el ejercicio periodístico nacional.
Cientos de miembros de la SIP conocieron de primera mano los abusos cometidos por parte del poder político y económico tendientes a limitar el accionar de las empresas de medios, su línea editorial y el trabajo cotidiano de los comunicadores.
El informe presentando por la directora general de Medios del Grupo Extra, Iary Gómez, revela el avance progresivo de conductas lesivas y arrogantes como el intento de aprobar la ley de radio y televisión con artículos sancionatorios excesivos copiados de legislaturas venezolanas, ecuatorianas y peruanas.
“El informe que me apresto a rendir resume los acontecimientos principales sucedidos durante el 2015, año que, sin lugar a dudas, constituye uno de los más negros en la historia del periodismo costarricense, particularmente en lo que a libertad de prensa se refiere. Lo digo con pena, toda vez que Costa Rica ha sido uno de los países a los que, en no pocas oportunidades, la SIP ha puesto como ejemplo de libertad de prensa. Pero, aunque trataré de ser lo más breve posible, ustedes serán informados de una realidad que, en alguna medida, la pudieron constatar en territorio costarricense tanto el señor Presidente de la SIP como el señor Claudio Paolillo”, externó Gómez.
Detalló la empresaria de Medios: “Debo empezar por denunciar el nefasto intento, a inicios de año, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) de la actual administración del presidente Luis Guillermo Solís, el cual buscaba promover una nueva ley de radio y televisión, plagada de iniciativas atentatorias tanto contra la empresa privada de la comunicación como contra la libertad de prensa”.
El documento destaca la forma en que los medios de información presionaron al Gobierno para detenerla y formular nuevas opciones a fin de regular el espectro radioeléctrico de forma respetuosa y responsable con las libertades que amparan el trabajo de los medios de comunicación, sin embargo no ha habido avance alguno en la materia.
Por el contrario, se tuvo reportes oficiales de tres propuestas que el propio Gobierno busca plantear en pocos meses y que vendrían nuevamente a ejercer presiones sobre los medios y sus trabajadores; vulneran desde toda óptica la libertad de prensa que tanto ha costado mantener en el país.
“Gracias a la lucha incansable de los representantes de medios costarricenses, así como al respaldo de la SIP, finalmente el Gobierno echó marcha atrás y desechó el proyecto. Debemos destacar la importancia que tuvo para lograr ese cometido la visita y el respaldo de nuestro presidente, señor Gustavo Mohme, como del presidente de nuestra Comisión de Libertad de Prensa. Tan importante fue esta visita, así como la reacción de los medios, que tanto la titular del Micitt como el funcionario que se atribuyó la responsabilidad de la redacción del proyecto fueron destituidos de sus cargos y, por otra parte, el presidente Solís no solo desautorizó el proyecto, sino que aseguró que cualquier otra iniciativa respetaría los compromisos en materia de libertad de prensa, incluidos los que defiende la SIP. La delegación costarricense quiere agradecer la pertinente gestión tanto del presidente Mohme como del señor Claudio Paolillo”.
Pero Gómez advirtió que ese triunfo momentáneo puede ser solo un sueño pasajero, “ estamos en capacidad de informar que el Gobierno tiene ya casi listos otros proyectos en los que –a cambio de una despenalización de algunas tareas propias de los reporteros– se incluirían algunas de las desafortunadas y atentatorias medidas incluidas en el proyecto fracasado”.
Costa Rica denunció también el conflicto existente entre la Presidencia de la República, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, y los asesores de información tras conocerse las llamadas intimidatorias y tendenciosas a varios medios nacionales con el fin único de influir y coaccionar las líneas editoriales.
En este caso la Junta Directiva de la SIP conoció además cómo los personeros a cargo de la comunicación presidencial se arrogan la potestad de presionar, callar y limitar a los periodistas, esto tras declarar públicamente en cadenas televisivas que el Gobierno es víctima de ataques y mezquindad; que la prensa no le reconoce sus obras.
Lo anterior lleva a una situación tirante que permanece en investigación en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y de la cual se dio constancia en la organización y el resto de los medios del continente, generando reacciones adversas.
No es para menos, pues el ministro Mauricio Herrera recibió a la SIP en junio anterior junto al presidente Luis Guillermo Solís y ambos en nombre del Estado de Derecho costarricense prometieron respetar la libertad de expresión y prensa; asimismo firmaron la Declaración de Chapultepec.
El documento incorpora una reseña de las cinco condenas que recibió el Gobierno en ejercicio por parte de la Sala Constitucional en temas cruciales como acceso de la información pública, coacción a la labor periodística y límites al derecho de la información por parte de los ciudadanos.
Las sentencias han dejado claro que los límites se rebasaron y los representantes nacionales deben ser vigilantes del cumplimiento de las normativas legales; además nunca arrogarse potestades que atropellan las libertades, como es el caso que hoy vive Costa Rica.
El presidente de la Comisión para la Libertad de Expresión de la SIP, Claudio Paolillo, fue contundente al indicar que estarán vigilantes a la situación que vive Costa Rica.
El director se mostró sorprendido al saber que el propio Herrera es hoy quien está frente de una campaña de gobierno para hostigar a algunos medios informativos que publican sobre el quehacer del Poder Ejecutivo.
El documento contempla temas como las amenazas del sindicalista Fabio Chaves a la prensa, cuando hace referencia a la huelga general que tienen planificada para este mes. En su momento el funcionario adujo que los periodistas serían los únicos responsables si los protestantes les atacaban, lo anterior por sus publicaciones.
El sindicalista dejó entrever su malestar por las notas periodísticas que la mayoría de medios publicó en el país, denunciando los privilegios de trabajadores estatales y el pago de las convenciones colectivas, de cara a la grave situación fiscal que afronta Costa Rica.
Otro tema expuesto fue la petitoria de información salarial negada a un diputado de la República tras ser interpuesto un recurso de amparo por parte de los jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual alega que esos datos deberían ser de carácter confidencial y no de acceso público, menos para difusión mediática.
Iary Gómez finalizó su ponencia indicando: “De todo lo expuesto queda claro que, si bien todavía en Costa Rica existe un régimen de opinión pública en el que la libertad de prensa se mantiene vigente, lo cierto es que hay amenazas latentes –promovidas por algunos funcionarios, entes universitarios, organizaciones sindicales y dirigentes políticos de diversa índole–, para restringirla, cuando no para acabar con ella y eso debe detenerse, por el bien de los ciudadanos, de los medios, de los gobiernos y del país en general”.
PERIODISTA: Paola Hernández
EMAIL: pherná[email protected]
Lunes 05 Octubre, 2015
HORA: 12:00 AM
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