Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, a quien las autoridades judiciales señalan como el presunto dueño de un muelle ilegal en Playa Portete, Limón, es asesor del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), según dijo Anita McDonald, representante del sector pesquero limonense, ayer en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
McDonald indicó que conoce a Bell Fernández desde hace 25 años, pero cuando el diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, le preguntó si conocía cuáles eran los negocios de Bell dijo que se abstendría de responder esa pregunta, de acuerdo al artículo 112 de la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Narcotráfico recibió ayer la comparecencia de McDonald; Ann McKinley Meza, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva); y José Luis Díaz, jefe de Seguridad de Japdeva.
La presencia de McKinley frente a los diputados fue porque ella solicitó a dicha comisión que la llamara a comparecer para dar explicaciones sobre su visita, el 13 de julio pasado, al supuesto muelle ilegal, el cual fue allanado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública el 18 de agosto pasado.
El diputado del Frente Amplio, quien además es el jefe de fracción de esa agrupación política, fue quien inició el interrogatorio, el cual se extendió por varias horas.
COMISIÓN ASESORA
McDonald indicó que Bell Fernández es parte de una comisión asesora, de la zona de Limón, la cual le transmite a ella las inquietudes del sector y esta a su vez las hace llegar a la junta directiva de Incopesca.
La representante del sector pesquero limonense dijo que Bell Fernández fue ratificado por un acuerdo de Incopesca DRL-01-02-2015. “A él y a seis personas más”, declaró McDonald.
El diputado verdiblanco Antonio Álvarez Desanti, quien además es presidente de la Comisión de Narcotráfico, preguntó a McDonald si el presunto muelle ilegal estaba autorizado por Incopesca, a lo que la representante del sector pesquero limonense le dijo que hasta donde tenía entendido no tenía autorización.
Además el liberacionista cuestionó a McDonald cuál es el procedimiento que se sigue en Incopesca ante la presencia de un muelle ilegal y esta dijo que no sabía responderle, ya que no se había presentado ninguna denuncia formal. “Pero usted podía presentarla, si usted misma conoce las instalaciones, si usted misma está en Incopesca”, cuestionó el diputado verdiblanco.
“Según documentación que he leído un muelle de esos vale $4 millones (¢2.160.000.000). Invertir $4 millones para tener unas instalaciones que no operan porque no se puede descargar producto porque no tiene permisos y son ilegales, no sé cuál es la rentabilidad desde el punto de vista empresarial de hacer esa inversión para no tener operación legítima”, cuestionó Álvarez Desanti.
¿Hace cuánto empezó el señor Bell Fernández esa construcción?
- Yo no puedo ubicarme.
¿Pero años, hace 10 años, hace 6, hace 5, hace 1 año?
- Yo no podría decirle hasta dónde. Cuando nosotros ya fuimos a ver, la infraestructura estaba en el sitio. Pero realmente todo ha sido un proceso.
¿En los últimos dos años, cinco años?
- Recuerde que la pesca artesanal media tiene 6 años y es a partir de ahí que vienen las modificaciones que se han tenido que hacer producto de que no se realizó la terminal pesquera.
JAPDEVA SIN RESPONSABILIDAD
La presidenta ejecutiva de Japdeva, Ann McKinley, aseguró ante la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea que la entidad portuaria no es responsable, ni debía fiscalizar la construcción del muelle allanado por las autoridades judiciales.
McKinley indicó que la visita a este lugar fue por una invitación de Incopesca. Comentó que lo que buscaban los pescadores artesanales era que observaran las condiciones que tenían en el lugar para desarrollar la actividad.
“Crear conciencia en nosotros a ver si de verdad en este gobierno se lograban conseguir los recursos para la terminal pesquera”, manifestó.
Aseguró que no tenía conocimiento que era un muelle ilegal. “No tengo conocimiento porque no es competencia mía (…) No es competencia de Japdeva”, agregó.
Rolando González, diputado de Liberación Nacional, le preguntó a McKinley de quién es el control y la regulación del muelle de Portete.
“Primero, no es responsabilidad de Japdeva (…) Si estamos hablando de permisos de construcción le corresponde a la municipalidad y si estamos hablando del lugar donde se ubica bahía Portete son terrenos que le pertenecen al ICT y el uso en materia pesquera es del Incopesca”, explicó.
¿Japdeva tiene alguna responsabilidad del uso de ese muelle?
- No.
¿Por qué?
- Porque Japdeva, la única responsabilidad que tiene Japdeva, de acuerdo al artículo segundo, es apoyar a las diferentes instituciones para que los proyectos que se tenga planeados para promover el desarrollo de nuestra provincia se puedan ejecutar.
Sin embargo González refutó a McKinley indicándole que según el artículo 1 dicha institución, entre sus atribuciones, “se encargará de construir, administrar, conservar y operar en el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos marítimos y pluviales de la Vertiente Atlántica”.
¢48 MILLONES EN ESTUDIO
Japdeva invirtió alrededor de ¢50 millones para estudiar la factibilidad de construir una terminal pesquera en Portete, en el 2008. González cuestionó por qué ese informe fue aprobado por la junta directiva de Japdeva si no tiene competencia en ese campo.
“Existe un reglamento en donde se establece cuáles son los procedimientos cada vez que ingrese una solicitud de alguna comunidad pidiendo apoyo con un proyecto. Por lo tanto todas las acciones que se han hecho con relación a esto es con base precisamente en esa potestad que tiene la Administración de Desarrollo de apoyar el desarrollo integral de la provincia. El haber aprobado esta partida para que se pudiera hacer este estudio implicaba que se pudiera tener por parte del Mideplan la autorización correspondiente”, comentó.
¿Cuáles son las conclusiones del estudio?
- Hacer el proyecto.
- ¿Cuál proyecto?
- La necesidad de construir una terminal pesquera en bahía Portete.
Observe usted qué paradójico, dice usted que las obras de desarrollo de la Vertiente Atlántica Japdeva puede incursionar con estudios, tiene que aprobar el proyecto, me imagino la plaza de fútbol en Bribri, me imagino un camino en Cariari, me imagino un puente en Siquirres. Cada uno de sus proyectos concluye con una obra en la cual Japdeva tiene que ser garante. ¿Cómo en una instalación portuaria en bahía Portete, donde Japdeva invirtió millones de colones en una investigación de sitio, Japdeva no tiene nada que decir sobre la construcción y finalización de esa obra?
- Estamos hablando de una partida que no se aprobó en este periodo, estamos hablando del 2008. Como ha pasado con muchos proyectos que se han hecho en la provincia de Limón, se ha quedado en la etapa de estudios preliminares y no se avanza con la obra gris. Precisamente este gobierno y aquí tengo que reconocer que no es un logro de esta presidencia. Lo que sí está siendo responsable este gobierno es primero en el decreto “Costa Rica hacia el Caribe”, donde aparecen 125 proyectos de diferentes instituciones, aparece el proyecto de la terminal pesquera de Portete.
¿Cuándo fue dictado ese documento?
- A principios de año. Este año que se firma el decreto.
¿Cómo se plantea eso en un documento del gobierno donde existe una terminal cuestionada?
- (...) Dentro de ese decreto está incluida la terminal pesquera, lo cual no necesariamente eso quiere decir que le corresponde a Japdeva hacer la construcción. Si no es darle seguimiento, apoyar a Incopesca para que efectivamente se construya en el litoral del Caribe una terminal pesquera pública porque no tenemos una sola, como sí la hay en el Pacífico. Ya se invirtieron ¢48 millones en un estudio, si no le da continuidad en ver cómo se concluye con la construcción de eso, quiere decir que el dinero que invirtió Japdeva, fondos públicos, se estarían tirando al agua. Por lo tanto, de una manera responsable, ante la solicitud de Incopesca, pero además como se incluyó el proyecto en el decreto “Costa Rica hacia el Caribe” es que esta administración decide darle seguimiento a este proyecto.
