Las autoridades del Ministerio de Justicia convocaron a una reunión de urgencia para seguir afinando detalles sobre la demolición y privatización de los talleres agroindustriales de La Reforma, por lo cual 250 privados de libertad se quedarán sin trabajo .
Además, el personal técnico, administrativo, de campo y oficiales de seguridad con escuadras de 28 personas, serán reubicados en otros centros penales del país, pese a que no les han informado, pese a que los cambios se darían a más tardar en 2 meses.
El motivo sería dar paso supuestamente a los proyectos de las unidades agrícolas que se financian con recursos del BID, cuyo convenio vence en 2017, por lo que los funcionarios están corriendo para concretar la millonaria obra.
Fuentes cercanas comentaron que se hizo la programación anual del 2016 y ningún funcionario ha dicho nada a los compañeros que laboran en talleres, por lo que la cuestión presupuestaria no servirá de nada.
En el documento UEP-2160-2015 con fecha 7 de setiembre firmado por Gonzalo Elizondo, coordinador general del proyecto de unidades productivas del BID, mismas que se darán a empresas privadas que todo parece serán subvencionados con el no pago de luz y agua, facilitando a esas empresas privadas todos los recursos institucionales.
DE TRABAJADORES A VAGOS
Durante un recorrido que hizo un equipo de DIARIO EXTRA por los diferentes sectores de talleres, se observó a los privados de libertad muy disciplinados y laborando con entusiasmo. Se nota que forman una familia y que no tienen problemas entre ellos, están dedicados a fabricar mobiliario que va a diferentes escuelas y colegios del país.
Además, confeccionan basureros y mesas de picnic como las que están instaladas en el parque Metropolitano La Sabana para el uso de los visitantes.
El Proyecto Avícola es otra opción que tienen algunos privados que recolectan 1.100 kilos de huevo por semana y unos 4.500 por mes, todo para consumo de las cárceles La Reforma, Virilla, Adulto joven y mayor y la cárcel San Rafael.
Alrededor de 3.870 gallinas de la raza Izabrawn provenientes de Panamá ponen unos 3.400 huevos diarios y cuatro reos fijos en la granja los recolectan.
La maquinaria para fabricar bloques de concreto, terrazo y alcantarillas, así como pupitres se dejarán de fabricar, inclusive no existe el matadero de animales domésticos que suministraba la carne para los 13 centros penitenciarios del país.
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Uno de los mejores café que salía de prisión y en algún momento vendieron el producto a un beneficio que ganó una distinción en Asia por su calidad, también se dejó de producir. La siembra de espárragos que se exportaban a Europa en la época de Elizabeth Odio, ministra de Justicia de ese entonces, se perdió, además de los cultivos de chile, culantro, apio, tomate y maíz.
Actualmente las autoridades penitenciarias tienen alrededor de ¢25 millones en chatarra, sin embargo pareciera que todo se va con la demolición, cuando el objetivo de la venta de ese material era construir las aulas multiuso para que los reos les dieran la atención a las adicciones y violencia intra familiar, pero nunca se hizo.
CONVENIOS AFECTADOS
Las autoridades de Adaptación Social habían firmado tres convenios con Florida Bebidas, Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) que podrían verse afectados por la demolición de talleres donde se trabaja.
Con Florida se da un programa de reciclaje, con el MEP la fabricación de mesas y sillas para centros educativos de todo el país y el tercero no menos preocupante es la reforestación de La Sabana donde existe gran cantidad de madera que no se sabrá el lugar donde colocarán las tucas.
Sólo la parte industrial genera ¢700 millones por año, lo que posiblemente se dejará de percibir, lo que podría afectar las arcas de la institución.
DESMOTIVADOS
Personal y reos de talleres agroindustriales aseguraron que están desmotivados por la reubicación, pese a que no les han confirmado nada.
“Estamos agüevados, no nos han dicho nada, no hubo consulta, la ministra no ha dado la cara, hacen planteamientos de planos sin tener contacto real de lo que se hace en talleres. Hacen un presupuesto pero de la noche a la mañana cerramos el chinamo, mucha gente está afectada emocionalmente, por el arraigo que existe desde hace años, no sabemos qué va a pasar”, agregó un funcionario.
La empresa que llegaría será la encargada del personal, por lo que no se descarta que algunos queden sin empleo y entre reclusos el temor es volver a los ámbitos donde no tienen trabajo y se les vienen los problemas.
Se intentó obtener la versión de la ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez y del director de Adaptación Social, Reinaldo Villalobos, sin embargo no fue posible ubicarlos en su teléfono celular.
