A tan solo 72 horas de que se abriera el concurso público que da la oportunidad de postularse para el puesto de director o directora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 14 personas han optado por ocupar la plaza. Los requisitos que se deben cumplir son tener un nivel de académico de licenciatura en derecho y estar incorporado al respectivo colegio, ser mayor de edad, costarricense y tener una conducta intachable.
En relación con la experiencia, un documento de dominio público, indica que el futuro jerarca deberá haber efectuado estudios en la materia o tener preparación equivalente, y como extras, tener manejo de los ambiente computarizados y los sistemas de información existentes en el área de trabajo.
El texto recalca que el puesto tiene "consecuencias del error", y detalla que cometerlo puede ser de gran magnitud y consideración.
“Un error en sus funciones puede obstaculizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, ocasionando demoras en el proceso de administración de justicia y pérdidas de consideración si no se establecen los controles y procedimientos adecuados en su campo de acción. La revelación de información confidencial puede causar perjuicios a la organización y hasta daños morales a terceras personas. En algunos casos, los errores podrían generar responsabilidades administrativas, sociales, penales, pecuniarias o civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y precisión”. Se indica entre el detalle que debe valorar cada postulante al cargo.
Ante esta escena de precaución en las futuras labores, cabe destacar que en este momento el OIJ se encuentra en una posición administrativa que no ha sido bien calificada después que saliera Francisco Segura, antiguo jefe de la organización.
Como informó DIARIO EXTRA el día martes 4 de agosto, los magistrados decidieron que la Comisión de Enlace Corte – OIJ, intervendrá la policía judicial durante un periodo de seis meses, al final de los cuales se deberá realizar un informe sobre las fortalezas y debilidades que fueron percibidas.
Esta medida se toma después que salieran a la luz pública múltiples denuncias por acoso sexual, violencia y abuso de autoridad.
