Después de conocer un proyecto que pretende exonerar de toda clase de tributos a las prestaciones o beneficios derivados de los regímenes Obligatorio y Voluntario de Pensiones Complementarias previstas en la Ley de Protección al Trabajador, el Ministerio de Hacienda está dispuesto a negociar la gravación en el momento en que se aplicarán los impuestos.
Sin embargo, Luis Herrera, economista del grupo Acobo, considera que los salarios de toda la vida del trabajador han sido gravados, por eso sería equivalente a una doble imposición.
“Dentro del contexto de la situación fiscal actual el gobierno está gestionando los mecanismos necesarios para extraer recursos de los costarricenses.
Desde el punto de vista de las pensiones, lo cual es el ahorro de todos para su retiro, nos parece que no es conveniente porque estaría menguando los recursos de las personas en un momento en que ya no son productivas.
Además nos parece que esta voracidad fiscal es entendible, pero por otro lado no se hace un esfuerzo adecuado de contención y equilibrio del gasto”, expresó.
Port Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, considera que la discusión se trata de si el gravamen se aplicará al momento de hacer el aporte mensual o cuando el trabajador se retire, pero no ve posible una exoneración absoluta, como lo plantea un proyecto de ley impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Pensiones es uno de los elementos que tenemos que ver, gravarlas cuando se hace el aporte o cuando se devuelven al trabajador. La primera opción sería mejor porque nos da un flujo constante de ingresos, si se deshace el movimiento (exonerarlas) tenemos problemas porque son ingresos que se pierden. Es una posición complicada teniendo en cuenta la situación del país”, admite el funcionario.
Actualmente la iniciativa se encuentra en séptimo lugar en la agenda de consenso que acordaron las fracciones con el Poder Ejecutivo y fue parte de las negociaciones planteadas para el Directorio legislativo, por lo que la fracción rojiazul espera sea prioritaria para todas las partes. Johnny Leiva, jefe de fracción del PUSC, le planteó el proyecto al Presidente de la República en un desayuno donde se abordaron las prioridades con todas las bancadas de la Asamblea Legislativa.
Rodríguez afirma que ha hablado con diputados del PUSC, quienes le harán un resumen para analizar si darán paso a la iniciativa, ello implica ver cuáles serán las implicaciones para los ingresos del Estado, mientras tanto Hacienda no ha externado su posición.
El documento plantea una adición a la Ley de Protección al Trabajador, Ley No.7983, mediante la creación de un artículo 71 bis, con lo cual se otorgaría el beneficio fiscal pretendido.
El asunto ha generado polémica entre la Dirección General de Tributación, que interpreta la fiscalización en estos casos, y quienes creen o afirman que dichas interpretaciones no son válidas.
La propuesta de los legisladores para que se elimine la deducibilidad en la aportación se suma a otra lista de iniciativas que deberán analizarse en el marco de la reforma fiscal que está a las puertas de la Asamblea Legislativa para sanear el déficit fiscal.
