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Nacionales

Encarcelarían diputados por no aprobar FIV

Corte llama la atención por fallo incumplido

  • La Corte convocó a una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la condena sobre la FIV

  • Luis Vásquez, del PUSC, dijo que buscan una solución que sea estricta y condicionada

  • Molina advierte que Costa Rica puede entrar en la lista negra de las naciones que incumplen sus obligaciones con los derechos humanos

Ha pasado año y medio desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mandó permitir la fecundación in vitro en Costa Rica, sin embargo los diputados no lo han acatado; lo que significa un incumplimiento de sus deberes, por lo que podrían ir a la cárcel o ser inhabilitados para ocupar puestos públicos durante cuatro años, según lo que establece el Código Penal costarricense.

 

En el artículo 332, se indica: “Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse a hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo". 

 

Boris Molina, el abogado que representó a las familias ante la Corte IDH por la prohibición de practicar esta técnica, explicó que la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también podría verse afectada por esa sanción, pues son los responsables de hacer cumplir el mandato de la Corte en beneficio de las familias que buscan reproducirse con la FIV.

 

Ante este planteamiento, Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que los congresistas tienen un fuero que les exime de estas acciones para que ellos puedan legislar sin presiones de algún sector de la sociedad.

 

Vásquez además explicó que a lo interno de la fracción aún no han tomado una decisión respecto a las condiciones que tienen sobre el tema, considera eso sí, que deben ser ellos quienes decidan antes de que lo haga el Poder Ejecutivo, por eso y aunque mantienen la ideología de protección a la vida buscan una solución que sea “bastante estricta y condicionada”.

 

Aunque la Corte no ha establecido sanciones puntuales si no se cumple la sentencia, indirectamente el país sufriría otro tipo de acciones como el castigo económico con el boicot de sus exportaciones, advirtió Molina. 

 

LLAMADO DE ATENCIÓN

 

La semana pasada se conoció que la Corte convocó a una audiencia pública fijada para setiembre con el propósito de supervisar el cumplimiento de la condena.

 

“Dicha audiencia se efectúa con el objeto de recibir por parte del Estado información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas, considerando que han transcurrido dos años y cinco meses desde la notificación de la sentencia, se requiere que el Estado presente información clara y actualizada sobre el cumplimiento de la medida de reparación relativa a “regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV”, establece la Corte IDH.

 

“Es un asunto que ya se ha dicho, Costa Rica depende del derecho internacional para su defensa (la FIV), es algo que debe ser tomado con seriedad, con preocupación; no me perece que pueda descartarse simplemente una llamada de atención como la que se ha hecho en esa materia y que podamos postergar indefinidamente una resolución en el sentido apuntado por la Corte”, manifestó el presidente Luis Guillermo Solís.

 

El mandatario señaló que es un tema de gran importancia y sensibilidad para las personas que aspiran a una familia con esa técnica, advirtió que hay que manejar el tema con mucha delicadeza, no se puede ignorar a la Corte.

 

MÁS PRESIONES 

 

Molina manifestó que una vez que el país entre en la lista negra de las naciones que incumplen con los derechos humanos, aumentan las posibilidades de una sanción económica indirecta, esto ocurre llamando a boicotear los productos costarricenses en Europa.

 

“En el 2010 hubo una medida similar contra varias piñeras que se negaron a obedecer una directriz de la Organización Internacional del Trabajo, en un término de 22 días se paralizaron 16 exportadoras, hasta que se cumplió con el mandato, ese fue un logro desde el punto de vista económico”, planteó Molina.

 

Para él, causar la misma situación nuevamente a través de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Europa llevará a las autoridades políticas a solucionar de inmediato el tema de la FIV.

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Martes 16 Junio, 2015

HORA: 12:00 AM

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