El sistema carcelario tiene 9.130 espacios para los privados de libertad distribuidos en las 13 cárceles del país, sin embargo, alberga 14.150 personas, muchas de ellas cumpliendo una prisión preventiva, lo cual es un disparador del hacinamiento que viven los presos costarricenses.
Así lo reconoció la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, en un foro realizado en Colegio de Abogados. Ramírez detalló que el problema de hacinamiento es una bomba de tiempo que empezó en 2007 originado por varios factores, mecanismos más ágiles de detección, falta de construcciones, y el uso excesivo de la prisión preventiva.
Los estándares internacionales hablan que existe sobrepoblación carcelaria cuando se tiene un 20% más de presos de la capacidad real y según la titular de Justicia hay cárceles como la de Puntarenas que su diseño fue para recibir 598 reos y tiene 151 más, les decir un 25,25% más de su capacidad.
Otro de los casos que presentan un problema de hacinamiento es la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría en Alajuela donde el hacinamiento llega a 188,79%.
Cristina Ramírez resaltó que el aumento del hacinamiento se empezó a dar en el 2006 cuando el Patronato Nacional de Construcción dejó de construir a pesar de que contaba con los recursos; la información la respalda un informe del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, órgano supervisor del sistema penitenciario.
Otro de los elementos disparadores del hacinamiento son las sentencias que se acogen a procesos abreviados. “Hay personas pasadas a los tribunales en la mañana y por tarde están ya en el sistema”, aseveró la funcionaria de Justicia.
Dentro de las debilidades que se señala al sistema carcelario es que gran parte de la infraestructura no tiene los conceptos arquitectónicos para una cárcel y por lo tanto no cuentan con las medidas de seguridad para contener a una persona con sentencias de 30 y 40 años de condena.
A la infraestructura inadecuada se suma la baja capacidad operativa de los funcionarios porque 3.519 empleados penitenciarios deben atender a 17.095 personas distribuidas en las cárceles y los sistemas semi institucionalizados.
“Contamos con 1 oficial para cada 20 privados de libertad y hay que recordar que ellos son los que los llevan a las citas médicas y a las audiencias en los tribunales, entonces se reducen la capacidad operativa”, detalló Rojas.
EXCEPCIÓN A LA INOCENCIA
Para el exministro de Justicia, José Miguel Villalobos la prisión preventiva es la excepción al principio de inocencia porque se pone en la cárcel a una persona mientras se resuelve su culpabilidad o inocencia.
“Sí creo que existe un uso excesivo de la prisión preventiva porque creo que existe un temor de los jueces de la garantía frente a las presiones de la opinión pública de avalar las peticiones de la Fiscalía y entonces conceden prisión preventiva en casos en que no procede”, subrayó Villalobos.
Para el abogado, en su paso por la cartera de Justicia en el 2002 no existía problemas con la población carcelaria y existían 7 mil privados de libertad pero lo que sucede ahora es una bomba de tiempo al tener personas que no constituyen un peligro afuera, revuelta con la que sí lo representa.
Según el experto en leyes se dicta una prisión preventiva cuando la persona tiene fuertes indicios de haber cometido el delito, se presenta el peligro de fuga, o se obstaculiza la justicia.
“Existes otras medidas alternativas que deben ser avaladas por el juez como son la casa por cárcel, el impedimento de salida del país, restricción a no acercase a las víctimas o firmar cada cierto tiempo”, destacó el abogado penalista.
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Sábado 13 Junio, 2015
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